24 de Marzo: ordenan custodiar domicilios de detenidos por Lesa Humanidad

24 de Marzo: ordenan custodiar domicilios de detenidos por Lesa Humanidad

Se produce tras la ola de escraches e intimidaciones que tienen lugar en Rosario. Abogados querellantes participaron de los mismos. "No es ético que un abogado no acate la ley", afirmó el Dr. Gonzalo Miño. "Tal actividad encuadra en el delito de sedición".

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Escribe: David Rey

“Atento a los graves hechos que se expondrán, solicito se arbitren de forma URGENTE las medidas necesarias para la protección de la integridad y los bienes de mis defendidos, detenidos en modalidad domiciliaria, disponiéndose la custodia de sus domicilios por parte de personal de fuerzas de seguridad”. Así reza, en principios, la denuncia que presentó el doctor Gonzalo Miño al Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario (TOF 2) ante la flagrante amenaza que padecen sus clientes.

Pero, por más increíble que parezca, la noticia particularmente hoy no es que un abogado solicite el resguardo de sus defendidos en prisión domiciliaria… ¡sino que se la hayan concedido!

En rigor, Miño destacó– aliviado, claramente gratificado – que el TOF haya dispuesto que Gendarmería custodie aquellos domicilios donde se “configura una clara amenaza sobre mis defendidos y sus familias”. Consultado por DAVIDREY.com.ar, Miño no dudó en manifestar que “dos años atrás, algo así era impensable. Me hubieran dicho que la custodia no era competencia de este Tribunal. Sucedían los escraches y la Justicia miraba para otro lado”.

Como ya supo señalar Miño a este medio, ha ocurrido que el poder político “sacó la pata de encima” de la Justicia, y por eso se dan estas cosas que son lógicas… pero que en Argentina nos acostumbramos a que no tengan lugar. De hecho, en su denuncia señaló que “la seguridad de mis defendidos, como de cualquier ciudadano, es un deber irrenunciable del Estado nacional y en este caso de los órganos de aplicación de la ley”.

Dr. Gonzalo Miño.

La denuncia sostiene que “en las últimas horas, se ha visto a personas desconocidas merodeando los domicilios de mis defendidos, sacando fotos y filmando los mismos, dejando panfletos intimidatorios, autos que se estacionan enfrente de sus domicilios con personas que señalan al interior de los mismos”. Seguidamente, sostiene que “este tipo de actividad nacida del repugnante método nazi (…) implica un claro ataque al estado de derecho, pues desconocen las resoluciones dictadas por los Tribunales de Justicia, lo que los habilita a «desconocer y no acatar las mismas», ergo, «ejecutar las decisiones que ellos mismos dictan y que consideran correctas»”.

Miño no descarta, pues, que “tal actividad podría encuadrar en el delito de sedición”. Aunque parece que el mismo, claro está, tiene cómplices bastante significativos, toda vez que la denuncia se acompaña de sendo material gráfico que demuestra la inobjetable publicidad que los mismos medios dan a los escraches que tienen lugar por estos días tanto en Rosario como en distintos puntos del país. De hecho, en redes sociales puede apreciarse con lujo de detalles a los incitadores publicar la dirección exacta de los detenidos en domiciliaria a quienes hostigar, con total impunidad.

Por si fuera poco, según confió Miño, puede apreciarse en material fotográfico difundido a través de redes sociales que incluso abogados querellantes participan de los mentados escraches, como lo es nada menos que el caso de la doctora Nadya Schujman. “No es ético porque nosotros, como abogados, debemos ser los primeros en acatar la ley”, precisó Miño.

¿Doctora? La abogada querellante Nadya Schujman participa activamente de los escraches a imputados. En las imágenes puede observarse cómo estos grupos exponen a menores de edad. 

En la denuncia quedó señalado, en este sentido, que “en un verdadero estado de derecho estamos obligados (todos los ciudadanos sin excepción) a cumplir con la ley y las resoluciones que dicte el Poder Judicial de la Nación, aun cuando no se esté de acuerdo con ellas. Pero estos grupos se creen con la potestad de ubicarse por encima de la ley y los fallos judiciales, cumpliendo o no con las que les apetece, ejecutando sus «propias leyes y resoluciones» cuando así lo consideran necesario. Tal actividad podría encuadrar en el delito de sedición”.

Por otro lado, el abogado de imputados por delitos de Lesa Humanidad precisó a este medio la situación de amedrentamiento que viven sus defendidos y destacó “la vista gorda” que hacen los medios a esta singular situación, mientras que se escandalizan de que a una reportera le saquen fotos, en alusión a la denuncia que realizó una fotógrafa del diario La Capital de Rosario respecto de haber sido “amedrentada” el día de la audiencia del caso Larrabure en la Cámara Federal de Rosario (quien suscribe afirma que dicho suceso es totalmente falso). “Porque un tipo le sacó una foto a la periodista con un celular”, dijo, “se armó un escándalo y eso es amedrentamiento. Ahora, esta gente te señala públicamente y te amenaza con irte a quemar la casa, y eso está bien”.

“Por ello”, finaliza la denuncia, “resulta indispensable que este Tribunal (…) garantice la seguridad de los justiciables (…). Debe ordenar la custodia de los domicilios de mis defendidos, por personal de las fuerzas de seguridad que estime convenientes, a fin de hacer cesar este estado de amedrentamiento que sufren los mismos y detener en su caso a quienes ejecuten tales actos, penados por la ley (…). El Tribunal debe garantizar de manera URGENTE la seguridad de mis defendidos y sus familias”.

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