Enseñanza religiosa: “Los derechos de las minorías ya están asegurados”

Enseñanza religiosa: “Los derechos de las minorías ya están asegurados”

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Escribe: Andrés Suriani – Sustraído de “El Tribuno”

Estos días, el pueblo de Salta asiste a otro ataque perpetrado por minorías, que merecen todo el respeto y resguardo de sus derechos, pero que de ningún modo se puede aceptar que bajo esos pretextos impongan sus concepciones a toda una comunidad. Me refiero puntualmente al reciente dictamen, no vinculante, emitido por el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Víctor Abramovich, en relación al planteo de un par de madres salteñas y la organización ADP (Asociación por los Derechos Civiles ) en contra de la educación religiosa en las escuelas públicas de nuestra provincia. Al respecto, vale aclarar que nuestro sistema permite que todas las confesiones religiosas puedan estar dentro de la escuela estatal, ya que por resolución ministerial a comienzo de año se le consulta a los padres o tutores para que manifiesten en qué religión desean recibir instrucción o bien optar por no recibir educación religiosa alguna, caso en el cual el alumno es igualmente atendido en el aula con otras actividades, vale decir, con este mecanismo tan simple y, también, respetuoso de las creencias de cada familia, no se puede considerar que se caiga en actos de discriminación. Esta modalidad práctica no es una gracia de parte de las autoridades educativas ni gubernamentales si no que es una consecuencia directa del derecho consagrado constitucionalmente de libertad de cultos, reconocido a rajatabla a través de este procedimiento.

La ciudadanía salteña goza de una profunda raigambre católica, de una gran religiosidad con una dimensión social que verdaderamente constituye una manifestación genuina de la comunidad, que define la identidad de nuestra sociedad.

De esta manera pretendo decir que, descartando todo riesgo de discriminación, quien se opone al dictado de educación religiosa en los establecimientos públicos lo que realmente desea es que la formación de los niños salteños, aquellos cuyas familias no pueden brindarle una educación privada en un colegio confesional, se vean privados de algo tan importante como la formación religiosa que viene justamente a complementar y direccionar el aprendizaje general de todo individuo. Si hay algo que asimila a las diversas religiones es que comparten los valores de la paz, el diálogo, la solidaridad, la cooperación, el amor a la Patria y la tolerancia a las diferencias, lo cual permite convivir en pluralidad, todas cuestiones que se canalizan luego en la vida en sociedad a través del accionar ciudadano. De hecho, en nuestra provincia hay profesores evangélicos que efectivamente trabajan en las instituciones estatales y nadie está obligado a participar de ninguna ceremonia o acto religioso que no profese. Nuestra Carta Magna establece que el “gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano”, en Salta, nuestra Constitución Provincial establece que se “coopera al sostenimiento y protección del culto Católico, Apostólico y Romano” y también reconoce el derecho inviolable para todos de ejercer libre y públicamente su culto, según los dictados de su conciencia, facultad que se materializa en el plano educativo al tener todo padre o tutor el ejercicio de la elección de la educación religiosa que decide para su hijo o pupilo. Al margen de lo estatuido legalmente, la ciudadanía salteña goza de una profunda raigambre católica, de una gran religiosidad con una dimensión social que verdaderamente constituye una manifestación genuina de la comunidad, que define la identidad de nuestra sociedad. Pensemos en la Fiesta del Milagro, devoción multitudinaria por nuestros santos patronos que nos identifica a nivel mundial, esencia misma de todo salteño, en la Virgen del Cerro.

Más que considerar posibilidades de discriminación, las cuales están totalmente descartadas atento al reconocimiento formal y práctico que se ejerce a quienes practican una religión diferente a la católica o no profesan ninguna, debemos asegurarnos de que los operadores judiciales no permitan que unas escasas minorías, cuyos derechos están totalmente asegurados, logren su cometido e impidan que miles de chicos salteños que asisten a la escuela pública reciban la educación religiosa que sus padres desean.

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