Policía y portación de armas: dos herramientas complementarias, no excluyentes

Policía y portación de armas: dos herramientas complementarias, no excluyentes

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alejandro-salaEscribe: Alejandro Sala

La sucesión de actos de defensa propia donde víctimas de asalto repelieron a los delincuentes que intentaron robarles ha reactivado el debate referido a la portación de armas por parte de los ciudadanos. En general, la posición de los políticos es que no resulta conveniente que quienes no forman parte de las fuerzas de seguridad estén armados porque se supone que carecen de la aptitud para emplear armas y que es preferible que sean las instituciones policiales quienes se encarguen de la seguridad pública. Ocurre que, como las policías no son eficientes, los ciudadanos encuentran en la autodefensa un método que les permite tener, en ciertos casos, alguna protección contra los ataques de los delincuentes.

Como en tantas otras cuestiones, los análisis del tema tienden a desviarse hacia el plano de lo emocional, hacia las posiciones extremas y hacia la exclusión de toda alternativa de transacción. Las posiciones, entonces, oscilan entre que la seguridad debe quedar monopólicamente en manos del Estado, o que el Estado es inoperante y se debe permitir que los ciudadanos se armen en defensa de sus vidas y sus propiedades porque con la acción de las fuerzas de seguridad no se puede contar. Así, el debate alrededor del problema de la portación de armas por parte de los ciudadanos se ideologiza y se pierde la perspectiva que permita alcanzar algún punto donde las diferentes posiciones puedan ser compatibilizadas.

En principio, es entendible que la gestión de seguridad esté transferida al Estado. Una buena política estatal de seguridad es, por razones de escala, infinitamente más eficiente que la autodefensa. A los fundamentalistas de la portación de armas este tipo de argumentos no les gustan, pero lo cierto es que en tanto cumpla su tarea con parámetros razonables de eficacia, una fuerza organizada y con acción sistemática, tendrá largamente más éxito que la defensa de cada uno por sí. La ausencia de una fuerza pública que combata el delito convertiría a la convivencia en una suerte de lucha de “todos contra todos” en la cual las personas más débiles (los niños, los ancianos, los enfermos, quienes no se sientan inclinados al uso de armas) quedarán a merced de los delincuentes que se organicen para aprovecharse de la indefensión de esos grupos sociales.

Es necesaria una presencia visible pero a la vez limitada de las fuerzas de seguridad. Y para cubrir las “zonas grises” que estos límites puedan dejar planteados es conveniente aceptar que los ciudadanos usen armas.

En principio, entonces, debe ser la policía quien se encargue de patrullar, vigilar, prevenir y combatir a los delincuentes. Una buena fuerza policial tendrá, necesariamente, un efecto disuasivo que contribuirá eficazmente a la reducción de los índices de delito. (Aclaración importante: la policía, por sí sola, no agota el problema; también es necesario que las leyes sean estrictas, que los jueces las hagan cumplir con rigurosidad, que las sentencias sean de cumplimiento efectivo hasta el último día y que los servicios penitenciarios operen de manera apropiada). Pero sin perjuicio de que la policía cumpla con su misión, esto no quita que, complementariamente, sea bueno que los ciudadanos que lo deseen estén habilitados a estar armados. Y esto tiene una explicación lógica a la cual es conveniente puntualizar.

La policía no puede estar en todas partes. Tampoco es bueno que la sociedad se “policialice”. Para que haya libertad, la policía tiene que estar presente, pero de manera discreta y con facultades limitadas. Sería muy fácil eliminar la inseguridad a costa de la libertad. Pero entonces la policía pasaría a convertirse, en sí misma, en un problema porque tendría enormes incentivos para deslizarse hacia prácticas autoritarias.

Entonces, es necesaria una presencia visible pero a la vez limitada de las fuerzas de seguridad. Y para cubrir las “zonas grises” que estos límites puedan dejar planteados es conveniente que se acepte el uso de armas por parte de los ciudadanos que deseen hacerlo. De ese modo, los delincuentes tendrán un doble control: por un lado, estarán vigilados por una fuerza policial eficiente; por otra parte, estarán expuestos a encontrarse con ciudadanos armados que estarán ejerciendo el derecho a su propia defensa…

Como se ve, la acción estatal y la acción individual no son concepciones alternativas y excluyentes en lo referido a la seguridad, sino que son complementarias. No se trata de optar entre seguridad colectiva o seguridad individual, sino de hacer uso de cada una de las herramientas, en las diferentes circunstancias, de modo tal de potenciar el empleo de cada una de ellas con el propósito de reducir al máximo posible los incentivos para que los delincuentes lleven sus designios a cabo.

Lamentablemente, esta posibilidad de hacer usos complementarios y de generar sinergia entre la acción estatal y la prevención personal en el campo de la seguridad, no es debidamente tenida en cuenta porque, como lo señalamos anteriormente, priman los criterios ideologizados en los cuales este tipo de herramientas se presentan como opciones excluyentes. De ese modo, como predominan conceptos que tienen visiones hemipléjicas del problema, resulta muy complejo realizar avances en relación a la implementación de acciones tendientes a lograr un menor índice de delitos. Sería positivo, conveniente y productivo que se superaran este tipo de falsas dicotomías, cuyo efecto práctico es inhibir la aplicación de soluciones satisfactorias a problemas que lo requieren perentoriamente.

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