Presionan en la provincia de Santa Fe para que los shoppings y supermercados cierren los domingos.
Por Alejandro Sala
La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe aprobó, la semana pasada, un proyecto de ley que establece la prohibición de que shoppings y supermercados atiendan al público los días domingos. El tema está ahora a la consideración del Senado aunque el gobernador, Hugo Bonfatti, manifestó sus dudas y trascendió que podría vetar la norma. Formalmente, el fundamento de la decisión es permitir que los empleados dispongan del domingo como día de descanso.
El trasfondo no admitido de la cuestión, sin embargo, son los intereses comerciales de los competidores de shoppings y supermercados. Como el domingo es el día que esos establecimientos más venden, la especulación subyacente es que, si ese día shoppings y supermercados estuvieran cerrados, sus ventas dominicales se transferirían a otros comercios porque el domingo es el día en el que los consumidores tienen más tiempo para recorrer negocios y comparar precios y calidades. Si esta consideración es cierta –y, por cierto, hay sólidas razones para darla por válida aunque nadie quiera admitirlo abiertamente- estaríamos ante un repudiable caso de malversación conceptual. Se esgrime una causa supuestamente legítima, como el descanso dominical de los empleados, para encubrir una sorda puja crematística. Con el afán de ganar dinero, los impulsores de esta medida no reparan en medios.
La pregunta que deberíamos formularnos es la siguiente: ¿está bien o está mal que los shoppings y supermercados abran los domingos? ¿Es o no es razonable que se prohíba la atención al público esos días para que los empleados descansen? (lo el argumento formalmente planteado para fundamentar la iniciativa, más allá de las motivaciones subyacentes).
Un criterio apropiado para abordar este tipo de problemas consiste en analizarlo desde el punto de vista del perjuicio que la situación pueda estar provocando. Entonces, la cuestión es: ¿perjudica a alguien que los shoppings y supermercados atiendan al público los domingos? Según los impulsores de la iniciativa, los perjudicados serían los empleados, quienes no pueden descansar porque deben trabajar. Por lo tanto, para defender a esos empleados, la ley debería prohibir la atención al público los domingos.
Este tratamiento del problema implica suponer, tácitamente, que los empleados están obligados a trabajar los domingos. Y esto no es verdad. Si alguien quiere tener los domingos libres, puede acordar, en ese o en otro lugar, la condición de que los domingos no deberá trabajar. Por supuesto que, si alguien fija esta condición, quizá deba sacrificar parte de su remuneración. Probablemente un vendedor de un shopping o un cajero de un gran supermercado gane más que un empleado de un comercio barrial.
Pero nadie está obligado a trabajar en un shopping o en un supermercado. Se trata de una decisión personal en la cual cada uno hace su evaluación de costos y beneficios. Lo que plantea el proyecto de ley en consideración es que esa evaluación, en lugar de ser realizada por cada persona de manera individual, será ejecutada “desde arriba” por el gobierno provincial
Ahora bien ¿es bueno o es malo que el gobierno decida cuándo debe trabajar la gente? La dificultad para elaborar una respuesta a esta pregunta es que no a todas las personas les conviene trabajar de la misma manera. Algunos aceptan trabajar los domingos y ganar más dinero porque evalúan que les conviene hacerlo y otros prefieren tomar otro tipo de ocupaciones porque priorizan el descanso aunque sacrifiquen un poco de dinero. Se trata de una decisión personal que difiere en todos los casos. Los seres humanos no somos todos iguales sino, por el contrario, somos únicos e irrepetibles. Por lo tanto, las leyes que propenden a uniformar las decisiones tienen el defecto de que no contemplan la multiplicidad de situaciones personales en las que todos los miembros de la comunidad podemos encontrarnos, dada la variedad de preferencias y prioridades que se presentan según la conveniencia individual de cada sujeto.
Éstas son, miradas desde la perspectiva de los trabajadores, las razones por las cuales la sanción de este proyecto es inconveniente. Pero el tema admite otra mirada, la cual es la de los consumidores. ¿Por qué los shoppings y supermercados tienen una elevada facturación los domingos? La respuesta es obvia: porque mucha gente encuentra conveniente comprar ese día. Entonces ¿es bueno para los consumidores –es decir, todos- que los establecimientos donde hacemos nuestras compras cierren el día que más concurrencia tienen?
Se hace difícil sostener cualquier argumentación a favor de cerrar los negocios cuando la gente quiere comprar. Los legisladores que impulsan esta ley podrían prohibir que los restaurantes abran al mediodía y a la hora de la cena también… No tiene ninguna lógica que se quiera prohibir que los comercios trabajen justamente cuando los clientes los visitan, a menos que, como quedó explicado en el párrafo inicial, el propósito de esta iniciativa sea, precisamente, impedir que la gente compre en esos lugares para que se vea obligada a hacerlo en otros establecimientos.
Y aquí cabe hacer nuevamente el mismo planteo: ¿perjudica a alguien que los consumidores que desean hacerlo compren los domingos? Bueno, se supone, según los promotores de la iniciativa, que perjudica a los empleados que trabajan los domingos. Pero, de acuerdo con el análisis que venimos haciendo, la decisión de trabajar los domingos es personal de cada trabajador según su propia conveniencia y por eso habíamos llegado a la conclusión de que la sanción de esta ley no es conveniente.
Por lo tanto, después de todo este análisis, lo único que nos queda es que los beneficiarios de la aplicación de esta medida son un grupos de empresarios inescrupulosos que se niegan a competir sin permitir que los trabajadores elijan cómo quieren regular su relación laboral, e impidiendo que los consumidores hagan sus compras el día y en el lugar que les resulta más conveniente. No hay beneficio alguno para la comunidad con la sanción de este proyecto de ley, el cual no debe ser sancionado por el Senado y, si lo es, debe ser vetado por el gobernador. La sanción de esta ley será perjudicial para trabajadores y consumidores y solo beneficiará a empresarios lobbystas que no están en condiciones de vender sus productos a una relación calidad-precio que sea favorable para los consumidores. Se trata de un paradigmático caso de capitalismo prebendario. Se trata de un caso más de los muchos que nos han llevado a estar como estamos. Se trata, justamente, de todo lo que debemos corregir. La no sanción de este proyecto de ley sería un buen punto de partida.
