Escribe: David Rey
Los llamados juicios de lesa humanidad son un verdadero mundo del revés que, sin dudas, serán estudiados por las generaciones futuras para estimar y prever hasta dónde puede llegar el absurdo y la maldad humana. Naturalmente, constituyen un medio de subyugación dentro de esta guerra cultural que nos toca vivir y, como en toda guerra, todo parece válido en procura de cumplir dicho objetivo. Ya se ha señalado que una de sus más notables irregularidades es la falta de imparcialidad por parte de los jueces, pero poco se habla de la objetividad que, lógicamente, deberían también revestir los fiscales.
En este sentido, resulta ilustrativa la situación que involucra al Padre Christian von Wernich en tanto que, tras más de 22 años de hallarse cautivo por la in-justicia nuestra de cada día, ha solicitado que se le conceda un régimen especial de salidas transitorias, petición que cuenta nada menos que con el aval del mismo Servicio Penitenciario. Vale destacar que von Wernich, detenido en Campo de Mayo, tiene 88 años (por lo tanto, al menos debería estar en prisión domiciliaria) y hace relativamente poco le retiraron un tumor de casi cinco kilos de una de sus piernas después de esperar cinco años a que lo atendieran por dicha dolencia.
El caso es que la persona que tiene real incidencia respecto de la suerte de von Wernich no parece ser, justamente, la persona más objetiva o imparcial que digamos. En efecto, la fiscal Ana Claudia Oberlín, al decir de José Luis Milla en un artículo de La Prensa, “quiere repetir la receta: que todo quede en manos de las supuestas «víctimas» y de un equipo interdisciplinario tendencioso que decide libertades con una sola charla”. En fin, darle al lobo para que decida qué hacer con el cordero. Oberlín es, por cierto, fiscal federal y ocupa el cargo de Auxiliar Fiscal en la Unidad Fiscal Federal de la Plata, especializada en causas de delitos de lesa humanidad.
Pero esto no es todo.
Es que la fiscal Oberlín acaba de ser recusada, justamente, por otro detenido del Penal de Campo de Mayo. El teniente coronel de artillería (R), Jorge Héctor Di Pasquale, ha recusado a la fiscal dado que, como se lee, “no está en condiciones de actuar con independencia, imparcialidad y objetividad en el tratamiento de supuestos delitos, calificados en la actualidad como de lesa humanidad”.
Di Pasquale, autor además de los libros “Crónica de una guerra negada” y “La mentira nos hará esclavos”, les ha indicado a los jueces que la mencionada mujer es, nada menos, hija y sobrina de supuestos desaparecidos o muertos durante los años de plomo. En rigor, el papá de la fiscal se llamaba René Honorio Oberlín Bertold, el cual no sólo que era un alto integrante de la banda terrorista Montoneros, sino que, tras haber sido “detenido en diversas cárceles entre 1971 y 1973”, a la edad de 36 años y luego de ser cercado por las fuerzas -según se detalla en el libro “La Memoria de los de Abajo” de Roberto Baschetti– ingirió una pastilla de cianuro, lo que le provocó la muerte pocos minutos después. El hecho tuvo lugar en la vía pública de Burzaco el 6 de septiembre de 1977. Lindo nene el papá de la fiscal, ¿no?
Oberlín es también sobrina, por parte paterna, de Héctor Guillermo Oberlín y de Ángel Santiago Baudracco Mano (31 y 28 años respectivamente), ambos desaparecidos el 8 de enero de 1976, antes de Videla y dentro de lo que quedaba de democracia; y de Dante Oberlín, exiliado en el mismo año. De más está aclarar que todos estos paladines de la lucha armada también eran integrantes de “la organización política-militar Montoneros”, tal cual lo detalla el mismo Di Pasquale en su recusación.
Por cierto que la madre de Oberlín no se iba a quedar afuera, de modo que no sólo que también integró la misma banda de forajidos sino que, además, estuvo detenida entre 1971 y 1973, tras lo cual fue liberada el 25 de mayo del 73, junto con dos mil terroristas más, gracias a la amnistía del presidente Cámpora. Y, por si todo esto fuera poco, tal cual lo asegura la descripción de una entrevista que le hicieron a la fiscal (YouTube), la misma “integra, desde sus comienzos, la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.)”, argumento que también usó Di Pasquale en su recusación.
El sentido común
Claro que la objetividad que se le exige a un fiscal debe ser bien específica, dado que hablamos nada menos que de la parte acusadora, la que investiga, inclusive. Pero esto no significa que un fiscal pueda guardar relación alguna con el delito que acusa, ya sea tanto como víctima o lo que fuere. En este sentido, Di Pasquale apuntó que “aunque resulte obvio y casi elemental, en función de la independencia o de la objetividad requeridas, los fiscales no pueden tener ni haber tenido relación alguna con las partes involucradas en las causas en las que actúan”. No es la doctora Oberlín, entonces, la persona indicada para acusar a von Wernich, a Pasquale ni a nadie dentro de los juicios de lesa humanidad.
“Hablamos de principios esenciales que generan una obligación ética y legal cuya violación genera graves responsabilidades”, resume la recusación. “Por ello, ante una mera duda o sospecha sobre la independencia, falta de objetividad o imparcialidad de un fiscal es necesario separarlo sin demoras de ninguna naturaleza”. En efecto, Di Pasquale asume con extrañeza que la misma fiscal, en virtud de todo lo mencionado, no se haya excusado ella misma de formar parte en estas causas.
En fin, infinidad leyes, incisos y tratados cercioran exactamente lo mismo que emana del sentido común: esto es, la hija de dos Montoneros no tiene nada que hacer en las causas de lesa humanidad, mucho menos si acredita participación en organismos de Derechos Humanos. Solamente el Código Procesal Penal de la Nación indica (Art. 55) que los miembros del Ministerio Público deberán ser inhibidos “si fuere pariente con algún interesado; si él o alguno de dichos parientes tuvieren interés en el proceso; y si tuviese amistad íntima, o enemistad manifiesta con algunos de los interesados”.
Por su parte, el cacareado Estatuto de Roma, en el artículo 42, exhorta a que “los fiscales no realizarán actividad alguna que pueda interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la confianza en su independencia” y que “no participarán en ningún asunto en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente poner en duda su imparcialidad”.
El colmo de los colmos
Los juicios de lesa humanidad, en fin, un circo abyecto que no resiste el menor análisis y que, como bien señaló Milla, ha convertido nuestra Constitución Nacional en un “pozo séptico”. No sólo que han inventado leyes infames y que las han aplicado de modo retroactivo, sino que, por colmo, las activan o desactivan en función de favorecer esa furia hipócrita y revanchista de siempre, como lo vemos en la explícita violación al Estatuto de Roma, que ellos mismos han impuesto (y que ellos mismos gambetean, cuando les conviene, como lo es con caso de Oderlín).
Y, por si todo esto fuera poco, lo más increíble es lo que aquí mismo subyace de forma subrepticia y que resume en el colmo de los colmos: que los mismos presos sean los que les expliquen a los jueces las leyes que estos mismos están violando. En fin, Argentina da para todo. La aclamada democracia que, en su defensa, envió a matar y a morir a sus mejores soldados, la soberbia república que los encanó una vez realizado el trabajo sucio, la tierra maravillosa donde toda fechoría se valida con la palabra “Constitución”, el país de la justicia donde hay más abogados que lombrices y donde los fiscales hacen más de verdugos que de justicieros… En fin, un verdadero mundo del revés, Argentina, un país donde la pared orina al perro y el preso enseña al juez.
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La injusticia en torno a los militares presos, ¡pero para ‘todes’!
