Argentina y el viejo truco de no ver para ocultar

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YamilaPor Yamila Feccia (*)

Numerosos discursos políticos alardean de un crecimiento económico a “tasas chinas” haciendo especial hincapié en el Producto Bruto Interno (PBI). Este indicador, no obstante, revela sólo una parte de la mejoría del país. Asimismo, suele hablarse de crecimiento sin mencionarse el desarrollo.

Cabe aclarar que aunque parezcan semejantes, son cosas completamente diferentes. La diferencia entre crecimiento y desarrollo se explica en que el último tiene en cuenta el mejoramiento de la calidad de vida de las personas; por su parte, el primero mide el incremento en la actividad en el corto plazo. Crecimiento, en términos simples, implica “más” mientras que desarrollo implica “mejor”.

Según Amartya Sen el “desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos”. Por lo tanto, el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad, entre las que podemos mencionar la pobreza y la tiranía como primeras referencias.

Por lo tanto, el problema argentino resume en que el fenómeno pobreza se maquilla para agradar las cifras oficiales. Pero cuando se trata de indigentes, es decir, de personas que tienen descubiertas sus necesidades básicas, no hay maquillaje posible que enmascare la falta de irresponsabilidad ética y moral.

A partir de la intervención del INDEC, llevada a cabo en 2007, las estadísticas que representan a los pobres e indigentes  no son las mismas que las que percibe la sociedad.

Una de las formas de calcular la pobreza en Argentina está a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se lleva a cabo a través de la Línea de Pobreza y de la Línea de Indigencia. Estas últimas se determinan, a la vez, mediante la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimenticia (CBA), respectivamente. Los precios de los productos que componen la canasta se actualiza mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el INDEC.  Según el mismo se consideran pobres indigentes aquellos hogares donde sus ingresos están por debajo de la CBA, y pobres no indigentes los que se encuentran por debajo de la CBT, pero por encima de la CBA.

Muchos economistas sostienen que el punto más controversial de los datos oficiales es la no representatividad de los precios utilizados para calcular la canasta básica, es decir, la adulteración del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según un informe publicado por Pratt Gay “hay fuertes sospechas en la comunidad académica respecto de la exageración de los ingresos de los más pobres, de la cantidad de desocupados o gente con empleo”.

Cabe destacar que a nivel nacional existen mediciones privadas, como el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde se da a luz el dato crudo de la verdad. Sin embargo, estas mediciones no se encuentran desagregadas a nivel provincial, motivo por el cual, al manifestarse en esta invisibilidad de datos, resulta engorroso para la provincia de Santa Fe evaluar el verdadero impacto de estas “políticas estratégicas” para erradicar la pobreza y revertir las condiciones de vulnerabilidad estructural en la que se encuentran al menos uno de cuatro argentinos (según la UCA).

Es absurdo imaginar una disminución de la pobreza cuando a simple vista se observa un incremento de los asentamientos irregulares en los grandes aglomerados provinciales. Una de las observaciones es que los mismos no están contenidos ni son perceptibles en los censos, por lo tanto, no se encuentran revelados en las estadísticas oficiales.

Sin ir más lejos, en el Gran Rosario, de acuerdo a los últimos datos publicados por el INDEC correspondientes al segundo semestre de 2012, la pobreza afecta a sólo el 3,8 por ciento de la población y la indigencia al 2,2 por ciento.

Los números reales de la marginalidad en la ciudad son mucho menos auspiciosos según indicó el director del Servicio Público a la Vivienda y al Hábitat al diario “La Capital”; actualmente 180 mil personas viven en «distintas situaciones de vulnerabilidad» en asentamientos irregulares. La cifra representa casi el 20 por ciento del millón de habitantes que tiene la ciudad. Además, sostuvo que en 2005, a partir de un relevamiento aéreo, la cifra arrojada fue de 25 mil familias viviendo bajo techos precarios y en 2011esta cifra trepó a 30 mil.

Como sostuviera J. Balmes, <<el pensar bien consiste, o en conocer la verdad o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella. La verdad es la realidad de las cosas. Cuando las conocemos como son en sí, alcanzamos la verdad, de otra suerte, caemos en error>>.

Mientras esta problemática persista y no se diferencie la pobreza pública de la publicada va a ser difícil la aplicación  de medidas acertadas, quedando pendiente el desarrollo económico y haciendo agua en el punto más cuestionable del modelo económico. Y mucho más  si el gobierno sigue asentando su éxito solamente sobre las bases del crecimiento económico, dejando de lado la vida de las personas y subestimando a los más vulnerables.

Nuevamente Argentina muerde el anzuelo y cae en  el viejo truco de no ver para ocultar. Como en algún momento un ex presidente intentó matizar de indiferencia la desaparición de personas al decir que “mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial”, podríamos valernos de una analogía y afirmar que, salvando las distancias, actualmente hay personas vulnerables que no tienen ningún tratamiento especial porque para las cifras oficiales no existen, están “desaparecidas”.

(*) Estudiante Avanzada de Economía de la Universidad Nacional de Rosario

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