Escribe: Gianni Naldi
Hace semanas que en Argentina se está discutiendo algo que no es lo que parece. En apariencia el debate sería si el oficial de policía Luis Chocobar se excedió en el ejercicio de su función al disparar a un delincuente. Sin embargo, no es eso lo que en verdad se discute: se discute si el delincuente abatido tenía o no derecho a que se respetase su vida. Y eso no es lo mismo.
No es lo mismo plantearse si el policía debe o no tener un límite al momento de proceder que plantear que la vida de un delincuente, sin importar lo que haga, debe ser preservada y que debe prevalecer por sobre la seguridad pública.
Y esto es lo que por más de quince años se intentó imponer en la justicia y en la sociedad. Que toda persona que delinque, incluso delincuentes peligrosos (psicópatas, violadores, narcos), tienen “derechos” que deben priorizarse por sobre la seguridad de la ciudadanía. Es decir, la vida, libertad y hasta “derechos individuales” (el “derecho” a tener dinero, aunque sea robando o el “derecho” a tener sexo, aunque sea violando) debe priorizarse por sobre la vida, patrimonio y derecho a la integridad física y psíquica de los ciudadanos.
¿Y cómo se llega a esto? Habría que buscar el origen en un monstruo que la propia ciudadanía sin darse cuenta dejo crecer. Ese “monstruo” que, con el argumento de castigar los excesos que tal vez podrían haber cometido los militares en su lucha contra la delincuencia terrorista, acabó por imponer el respeto y la glorificación hacia los terroristas abatidos. Que, en realidad, resultaron ser sus hijos o camaradas de armas.
Porque no es lo mismo pedir que se juzgue una muerte sumaria o una supresión de identidad que imponer que se construirá un monumento en “honor” no solo al delincuente asesinado, sino a los delincuentes que fueron abatidos en combate o murieron a manos de sus propios compañeros o armando bombas. No es lo mismo declarar que pudo haber excesos a imponer que los muertos eran “inocentes” asesinados por sus ideales. O lo que es peor, que ni siquiera eran inocentes, sino que tenían “derecho” a matar por idealismo. Y que los asesinatos que cometieron (incluso de personas inocentes, de niños, de colimbas, de transeúntes que pasaban) “deben” ser justificados en la lucha idealista. No es lo mismo procuar que la ciudadanía los avale en la denuncia de un exceso (después se discutirá si ese “exceso” estuvo bien o mal) que pretender que la ciudadanía comparta o respete un ideal político que se impone, que la ciudanía lo acepte quiera o no.
Porque no es lo mismo el dolor de un padre así su hijo haya sido un delincuente, que la culpa que llevó a estos padres a querer vengarse de una sociedad a la que considera tan responsable de la muerte de sus hijos como a los militares (por haber ido a “golpear a los cuarteles”) y que tomaron como razón de vida hacer que esa díscola sociedad respete a sus hijos muertos como no los respetaron en vida y ayudar a los camaradas de sus hijos que quedaron vivos a alcanzar el poder que en su momento no pudieron alcanzar. Lo que cualquier psicólogo dirá es la forma de intentar limpiar su conciencia ante la realidad de que sus hijos no murieron por culpa de la sociedad o los militares, sino porque ellos no los supieron educar.
Y así llegamos a esto. Porque si un terrorista que cometió los peores crímenes es defendido y endiosado, ¿quién puede culpar al delincuente común o a sus familiares por pretender el mismo trato?
Un trato que, por supuesto, los familiares y defensores de los terroristas no pueden negarles, porque entonces tendrían que reconocer que tampoco ellos lo merecían.
Y eso es lo que hoy se está discutiendo. No si el oficial Chocobar se excedió o no, sino si debió o no dispararle al delincuente ante la imagen de que podría huir y asesinar a más personas. Se discute si la vida del delincuente valía más que la de sus futuras víctimas.
¿Si está bien que el gobierno opine? Como auxiliar de la justicia debo decir que no. Pero cuando hay del otro lado instituciones y personajes de poder que exigen a la justicia que “más vale” que metan preso al policía, tras obligar a las instituciones y a la sociedad a respetar al delincuente muerto, lamentablemente el gobierno debe intervenir. No para decirle a la justicia lo que debe o no hacer, sino para dejar claro a la ciudadanía que este gobierno ya no va a permitir que personas perturbadas emocionalmente por haber criado hijos delincuentes, o que directamente son delincuentes, sigan imponiendo que quien delinque tiene derecho a delinquir y que los ciudadanos (esos ciudadanos por los que el gobierno tiene la obligación institucional de velar) lo van a tener que aceptar quieran o no.
Por eso hoy los argentinos (y más quienes formamos parte del poder judicial) tenemos que tener claro que es lo que se está discutiendo. Por nuestro propio bien. Porque si en su momento se hubiese tenido claro lo que se discutía, hoy no existiría esta discusión.
