Escribe: David Rey
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que están «formalmente reunidos los requisitos para iniciar el proceso de admisibilidad de la denuncia contra el Estado» para que los crímenes por parte del otrora Ejército Revoluciario del Pueblo (ERP) sean considerados como delitos de lesa humanidad. De reabrirse la causa, entonces, podrían no quedar impunes los asesinatos del Capitán Humberto Viola y de su hijita de tres años, María Cristina, ocurridos en la ciudad de Tucumán el mediodía del domingo primero de diciembre de 1974, en plena democracia.
«En esta instancia, el trámite va a correr a cargo de la CIDH. En la primera etapa se analiza si la denuncia cumplió con todos los requisitos formales, eso ya se hizo y se declaró abierto el proceso de admisibilidad donde se le corre traslado al Estado argentino. Una vez que el Estado conteste, si no hay una conciliación, la CIDH emite su informe y puede recomendar al Estado que abra la investigación. Si no lo hace, la CIDH promueve la demanda ante la Corte», detalló a DAVIDREY.com.ar el doctor Javier Vigo Leguizamón.
La familia salía de su hogar cuando fue brutalmente atacada a tiros por integrantes del ERP, que los esperaban tras haber planificado las acciones. Resultaron asesinados Viola (quien, incluso, fue ultimado por los guerrilleros) y María Cristina, e hirieron gravemente a la otra hija del matrimonio, Fernanda (5), que recibió un disparo en la cabeza. Maby Picón, la esposa de Viola, que estaba embarazada, se salvó de milagro.
Absolutamente todos los responsables de los asesinatos en cuestión, si bien en un principio fueron aprehendidos por las autoridades, al final terminaron siendo desde liberados por la justicia hasta indultados por los sucesivos gobiernos, a diferencia de lo que ocurrió «con el otro bando», es decir, con los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que hasta el día de hoy siguen muriendo en las cárceles por haber combatido a las organizaciones terroristas de entonces.
El doctor Vigo Leguizamón, abogado de la familia Viola, dijo que la resolución de la CIDH «pone en jaque a la impunidad de varios años». No es para menos, si consideramos no solo el nivel de obscena indulgencia de la política y de los medios para con los terroristas sino, además, que muchos de los mismos figuran como víctimas y como héroes en el Muro de la Memoria, en Capital Federal, mientras que, por colmo, no pocos han sido beneficiados con millonarias indemnizaciones (entre los que están, nada menos, que algunos de los asesinos de Viola).
Pero no es de ahora que la familia Viola viene haciendo lo propio por respirar algo de justicia tras casi medio siglo de impunidad. Ya en 2007 la viuda del Capitán Viola, Maby Picón, había planteado en la Justicia Federal que las acciones que acabaron con la vida de su marido, de su hija y que dejaron a otra hija con secuelas permanentes fueran declaradas de Lesa Humanidad para evitar su prescripción. Como se estila en estos casos, empero, la Justicia se le rió en la cara y rechazó el planteo. «No voy a la Justicia por odio ni con deseo de venganza. Sólo quiero Justicia», supo repetir Picón hasta su fallecimiento en 2021.
Entonces, según recogió el medio Contexto Tucumán, «Picón interpuso recurso de casación en el que denunció la existencia de un simulacro de proceso, hecho ‘para consagrar la impunidad de los partícipes en los crímenes’. Entre otros, identificó a Juan Arnoldo Kremer Balugano, quien, habiendo integrado el Buró Político del ERP, reconoció en libros de su autoría haber participado en las reuniones donde se planificó el operativo y se analizó su resultado».
Para 2016, Picón acusó al Estado argentino por haber violado las Convenciones de Ginebra y la Convención de Derechos Humanos al negarse a investigar los crimenes contra su familia para analizar si tipificaban como delitos de lesa humanidad.
De modo que tras las reiteradas negativas locales a contener al menos el reclamo de la familia Viola, ahora será la Corte Interamericana de Derechos Humanos la encargada de dictaminar si los crímenes de marras son imprescriptibles, algo que -dado el caso- puede resultar un tanto impertinente para los responsables de tamaña renuencia por parte de la justicia argentina.
Vigo Leguizamón señaló, al respecto, que «esta resolución tiene una gran importancia. Es un gran avance para la lucha de una mujer que sólo quería que haya justicia para todos y no sólo una parte. La denuncia sostiene que el terrorismo guerrillero fue también de Estado, por el apoyo recibido por los gobiernos argentino y cubano«.
Fuentes: Contexto Tucumán.; Infobae.
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