Alguna vez les iba a tocar, y les tocó. Lo que hasta hace poco parecía inalcanzable terminó siendo tan sencillo como el simple hecho de pasar de las lamentaciones a hacer la correspondiente denuncia. Ante el Consejo de la Magistratura de la Nación han sido denunciados los jueces Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo, Germán Castelli, Mariano Borinsky, Javier Carbajo, Ángela Ledesma, Alfredo Ruiz Paz, Marcelo Díaz Cabral, María Claudia Morgese Martín, Antonio Petrone, Ana María Figueroa, Diego Barrotaveña, Gustavo Hornos y Daniel Rafecas.
La razón, haber manipulado pruebas y ejecutado condenas sin sustento, entre otras aberraciones, para determinar la sentencia a morir en prisión de Daniel Leonardo Lucero y de Julio Narciso Flores, dos miembros periféricos de las Fuerzas Armadas durante los años de la guerra contra la subversión. Y estos son solamente dos de los casi tres mil Presos Políticos Argentinos que fueron presos por el solo hecho de haber vestido el uniforme militar o policial en aquella época y cuyas experiencias y peripecias son exactamente las mismas que la de los mencionados. De modo que pueden (y deberían) haber muchas denuncias más.
Asunción Lacal Montenegro, fundadora de la agrupación “Pañuelos Negros” y una de las principales impulsoras de esta denuncia, confió a DAVIDREY.com.ar que “son dos denuncias ante el Consejo de la Magistratura y ambas se basan en los expedientes. En el caso del cabo Flores -un mecánico de la Fuerza Aérea de 19 años al momento de los hechos que se le imputan- se equivocaron de persona, puesto que la descripción de los testigos habla de una persona alta, flaca, con (lentes marca) Ray Ban y con acento porteño, lo que no corresponde para nada con un salteño como el imputado. Solamente un exguerrillero dijo haberlo reconocido y recordaba haberlo visto (40 años después) en la puerta de la Mansión Seré. Flores no estuvo ahí, y esto queda claro en los mismos registros del Ejército”. No obstante, a pesar de lo endeble e inverosímil de los testimonios, igual los jueces ejecutaron el mandato y condenaron a 25 años a una persona totalmente inocente.
Respecto de Lucero, la cosa es algo más cinematográfica. A pesar de los varios testimonios que afirman que el entonces teniente primero Lucero no participó de un enfrentamiento armado el 6 de septiembre de 1977 y de que el mismo se originó a causa de que los terroristas atacaron a las fuerzas legales (provocando la muerte, por si fuera poco, del dragoneante Luis Alberto Barbusano), los jueces igualmente se las ingeniaron para, con total desprecio por el debido proceso, aplicarle al imputado la misma condena que a Flores. Lacal Montenegro indicó que “Lucero no estuvo ahí, él no tiró ni mató a nadie. Pero hubo uno que sí estuvo y que sí tiró, como era asistente del General Milani lo liberaron. Tráfico de influencias también hay en la Justicia”.
Según nos explica el diccionario, «prevaricar» es «dictar una resolución, por parte de un juez o funcionario, conscientes de que es contraria a Derecho». Se trata, pues, de un «delito que cometen los funcionarios judiciales o abogados cuando actúan de forma injusta o contraria a la ley, dictando resoluciones arbitrarias, a sabiendas de su ilegalidad o injusticia, para perjudicar la causa de su cliente o el proceso judicial». En fin, exactamente lo mismo que hicieron el centenar de jueces de los llamados delitos de «lesa humanidad». Ya empezaron a caer los primeros.
Ver entrevista a Asunción Lacal Montenegro («Pañuelos Negros»):
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