Escribe: Flavio Sfulcini
En el marco de los procesos por delitos de lesa humanidad que se llevan adelante en Argentina cerca de 400 personas han fallecido. En estos juicios no se respeta el principio de igualdad ante la ley, no hay salidas transitorias, se niega el derecho a estudiar, no se puede trabajar en la cárcel, no hay libertad condicional, se viola el plazo máximo de prisión preventiva, se niega la detención domiciliaria a mayores de 70 años, muchos de los cuales padecen cáncer, alzhéimer, EPOC, ceguera, han sufrido un ACV o están en silla de ruedas (1) (2) (3).
Muchos se preguntan por qué si la justicia argentina comete estas violaciones, las mismas no son denunciadas ante los organismos internacionales, y la respuesta es que se han hecho cientos de denuncias, sin tener ningún resultado positivo. Por eso es que debemos cuestionarnos acerca de los verdaderos intereses de estos organismos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (4), tiene como uno de sus integrantes a Eugenio Raúl Zaffaroni (5), quien públicamente se ha mostrado a favor del gobierno kirchnerista y en contra del gobierno de Macri, por lo cual la Asociación Civil Usina de Justicia presentó un escrito ante la Corte para que el juez sea excluido del máximo tribunal (6).
Debemos recordar también que este juez fue suspendido en la matrícula por ejercer la profesión de abogado después de haber renunciado a la Corte Suprema, cuando debió haber dejado pasar dos años. El exministro de la Corte violó la ley con el objetivo de ejercer la defensa del juez Axel López, quien había concedido la libertad condicional a Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por cuatro violaciones. Este último, durante su libertad condicional, asesinó a Tatiana Kolodziej, de 33 años, en un intento de violación (7).
Hay que tener en cuenta que los Estados eligen a los jueces que componen la Corte IDH de una lista de candidatos propuesta por esos mismos Estados (4), y que han elegido a una persona de dudosa objetividad, que no respeta la ley, critica abiertamente a un gobierno elegido por el pueblo, y que los demás miembros de esta Corte fueron elegidos por esos mismos países, países que en su mayoría durante la última década han sido gobernados por políticos populistas manchados por vergonzosos casos de corrupción. Todo esto nos lleva a preguntarnos si realmente podemos confiar en esta Corte para la defensa de nuestros Derechos Humanos.
