El mercado al servicio de la «democratización de la palabra»

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CapturaPor Alejandro Sala

El argumento esgrimido por el gobierno para impulsar la Ley de Medios es que procura que “todas las voces sean escuchadas” o, dicho más pomposamente, “democratizar la palabra”. Planteada en esos términos, la iniciativa resulta plausible. ¿Quién se opondría a que todas las corrientes políticas, ideológicas, artísticas, intelectuales, etc., tengan la oportunidad de expresarse a través de los medios de comunicación?

Podemos entonces coincidir con el kirchnerismo en que es positivo que haya ámbitos para que se amplíe, en todo cuanto sea posible, el espectro de expresiones públicas a través de los medios de comunicación. Compartimos plena y enfáticamente el objetivo del gobierno nacional. No faltarán en este punto algunos opositores recalcitrantes que nos cuestionen por estar de acuerdo con el kirchnerismo, como si una iniciativa fuera buena o mala, no en sí misma, sino de acuerdo a quién la promueve…

No es nuestro caso, por cierto. No tenemos ningún prejuicio contra el gobierno K. Si ellos son partidarios de la pluralidad comunicacional, adherimos a su posición. Nosotros también somos defensores de la multiplicidad de voces.

Pensemos entonces cuál podría ser una forma apropiada de lograr ese objetivo compartido. ¿Cuáles serían los mecanismos prácticos que permitan incrementar, en la mayor medida posible, los espacios disponibles para que todas las ideas y corrientes puedan expresarse?

Es necesario en este punto señalar que la expresión pública de las ideas cuesta dinero. La operación de radios y canales de televisión – que son el área de competencia de la ley de medios – no es gratuita. Es indispensable generar recursos financieros con los cuales solventar el desenvolvimiento de esas radios y canales. ¿Cuál sería un mecanismo legítimo para la producción de esos recursos?

La aplicación de fondos estatales sería un camino inaceptable porque implicaría cobrar impuestos a los contribuyentes – es decir, extraer el fruto de su trabajo – para financiar las expresiones de las voces de los demás. ¿Hay algún otro mecanismo posible para resolver este problema.

La expresión pública de contenidos es, esencialmente, un acto de comunicación, es un mensaje que alguien le transmite a un público que tiene interés en escuchar esas manifestaciones. Por lo tanto, si hay quienes tienen interés en escuchar (o ver) productos que cuestan dinero, es natural que deban estar dispuestos a pagar – directa o indirectamente – por recibir esos mensajes. He allí, entonces, la fuente de financiación posible.

Cabe preguntar de qué modo este mecanismo podría instrumentarse en la práctica. La respuesta es que, en la medida en que la emisión de contenidos sea económicamente sustentable, los medios para transmitirlos irán apareciendo espontáneamente. Hay innumerables radios y canales, tanto por aire como por cable, por medio de los cuales es posible transmitir todo tipo de contenidos. En particular, es muy eficiente el mecanismo del alquiler de espacios, tanto en radio como en televisión.

Hay muchas emisoras que alquilan espacios diaria o semanalmente. Entonces, cuando alguien quiere hacer un programa puede alquilar ese tiempo (por ejemplo, los miércoles a las 19 hs., o de lunes a viernes a las 11) y transmitir su programa durante el lapso que tiene disponible. Esto es muy usual en las emisoras de segunda y tercera línea que, de todas maneras, suelen tener buena potencia y, además, se pueden escuchar a través de internet. El modo de financiar esas emisiones es con publicidad (como la audiencia es cliente potencial de esos auspiciantes, los oyentes estarán financiando indirectamente el programa que les interesa escuchar).

Este criterio es, naturalmente, mucho menos mediático que las ruidosas visitas de Martín Sabatella al Grupo Clarín para notificar el proceso de desinversión, pero es muchísimo más práctico y accesible para lograr que la mayor cantidad posible de voces sean escuchadas a través de la radio y la TV. ¿Cuál es el mecanismo operativo que permite coordinar la oferta y la demanda de espacios en medios de comunicación? Pues, sencillamente, el mercado… Quién más pague, tendrá derecho a usar determinados espacios. Y está bien que sea así, porque quien más pague será quien más recaude y quien más recaude será quien más audiencia tenga y, por lo tanto, podrá vender a mayor precio sus espacios de publicidad. En consecuencia, la aplicación de estrictos mecanismos de mercado son los que garantizan que la mayor cantidad de personas tendrán la oportunidad de recibir aquellos mensajes que tienen interés en escuchar. ¡Precisamente ese era el objetivo en el cual el kirchnerismo y el autor de esta nota estábamos de acuerdo, en el deseo de que se amplíe tanto como fuera posible el espectro de voces que se escuchan a través de los medios!

La conclusión a la que llegamos, entonces, es que la ley de medios, tal como fue concebida, es una mala solución al problema de la pluralidad de voces. ¿Por qué es una mala solución? Porque no conduce a una buena coordinación entre quienes tienen mensajes para emitir y quienes tienen interés en recibir esos contenidos. El gobierno no es un buen selector de contenidos de medios de comunicación porque no tiene elementos de juicio válidos para determinar cuál es la más eficiente asignación de los espacios de radio y TV disponibles.

¿Y cuál sería una buena solución? Pues… la libertad. Lo que se necesita para que haya pluralidad de voces es justamente lo opuesto a lo que la ley de medios se propone lograr. Se necesita libre juego de la oferta y la demanda de contenidos, espacios en los medios y afluencia de fondos por alquiler de esos espacios y por publicidad. De ese modo, serán finalmente los oyentes o teleespectadores los que determinen, a través de sus elecciones respecto de los programas que miran y escuchan, los que irán seleccionando quiénes estarán al aire, por medio del criterio del mayor número, que será el factor que determinará la viabilidad económica de las diferentes emisiones.

Y así es como llegamos, por medio de la aplicación de un criterio basado en el principio de la libertad de mercado, al ansiado propósito de la “democratización de la palabra”. Porque es indudable que si un sistema determina que quienes estén al aire sean quienes más audiencia tienen, es evidente que estamos en presencia de un mecanismo guiado por principios democráticos. Por lo tanto, un camino que debería ser explorado es el de la libertad de mercado. De ese modo, quizá podamos avanzar, en forma gradual, pacífica y coherente hacia una mayor amplitud en el espectro de contenidos de los medios de comunicación.

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