La CIDH ‘sienta en el banquillo’ al Estado argentino por encubrir terroristas. ¿Fin de la impunidad?

Entrevista al doctor Javier Vigo Leguizamón, abogado de la familia del Capitán Humberto Viola, asesinado por el ERP en 1974, plena democracia: "No hay antecedentes donde se haya evaluado si los crímenes de la guerrilla fueron o no de lesa humanidad".

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Escribe: David Rey

“El primero de diciembre del 74, en Tucumán, vimos la imagen de una nena de tres años, muerta, su padre asesinado, y la otra hija gravemente herida. Y una mujer, embarazada de cinco meses, gritando desesperada. Maby Picón supo contarme que nunca pudo olvidar la mirada sádica que le dirigió el terrorista antes de disparar a la cabeza de su marido”. De esta manera, el doctor Javier Vigo Leguizamón reconstruye los asesinatos del Capitán Humberto Viola y de su hijita, María Cristina, hace ya casi 50 años.

El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), entonces, había planificado larga y fríamente la forma con que “emboscaría” a la indefensa familia. Un domingo, al mediodía, cuando esta se disponía a salir en coche, de paseo… los acribillaron a balazos. Se cuenta que Humberto, soldado al fin, para que las balas le dieron solo a él, intentó bajarse del vehículo… pero quizá ‘el mensaje’ que los terroristas querían dar a los argentinos comprendía que también la familia del militar fuera exterminada.

Sin embargo, los autores de estos homicidios, con el tiempo, fueron todos liberados e indultados. Pero hay más: algunos fueron indemnizados por haber sido “víctimas” de la represión estatal. Y hay todavía más, según confió Vigo Leguizamón a DAVIDREY.com.ar: “No solo recibieron indemnizaciones, sino que, también, cuando declararon en la causa donde se investiga el Operativo Independencia, fueron aplaudidos y vitoreados”.

María Cristina Picón de Viola, en el entierro de su esposo, el capitán 
Humberto Antonio Viola, asesinado por el ERP el 1 de diciembre de 1974
Maby Picón de Viola, durante el entierro de su marido y su hija (La Gaceta).

Pero al fin puede ser que, tras medio siglo de impunidad, tanto a estos asesinos como a sus aplaudidores, se les termine el circo. Es que ahora el Estado argentino -que siempre ha sido una suerte de ‘garante’ de los terroristas- tiene tres meses para contestarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al planteo de la familia Viola y que viene despreciando desde 2016: que los crímenes del ERP sean considerados de lesa humanidad y, por tanto, sean de naturaleza imprescriptible. Y no se puede hacer el distraído porque ahora, el denunciado, es el mismo Estado.

“Es un caso muy relevante porque no hay antecedentes donde se haya evaluado si los crímenes de la guerrilla son o no de lesa humanidad, sino que siempre han estado amparados por un manto de impunidad que negó hechos evidentes, como lo es la negación de que en los 70 hubo una guerra cuando, anteriormente, la misma justicia argentina lo ratificó en el juicio a los comandantes”, detalló Vigo Leguizamón.

Y contextualizó: “Es muy importante porque la CIDH, al analizar el ataque del Movimiento Todos por la Patria en La Tablada, en el año 89 y que duró nada más que 36 horas, determinó que lo mismo constituyó un conflicto armado interno. Si habiendo durado solo 36 horas fue un conflicto armado interno, ¿cómo no lo va a ser el cúmulo de atentados terroristas que hubo en la década del 70 donde se atacó no solamente un cuartel sino todo el país?”. Para el abogado “únicamente en una versión antojadiza del pasado puede sostenerse que no hubo una guerra revolucionaria y que no fue un conflicto armado interno”.

Viola, Larrabure…. democracia y derechos humanos

Aunque parezca mentira, la denuncia de los Viola redunda sobre un aspecto que no se discutiría absolutamente en ningún lugar del mundo, excepto acá. ¿Quién les ha dicho a los jueces argentinos que los crímenes de la guerrilla no constituyen terrorismo de Estado y que los Derechos Humanos solamente puede ser violados por el Estado mismo? “El terrorismo guerrillero fue de Estado porque contó con el apoyo, por ejemplo, del Estado cubano, de Libia y del Estado argentino. Se habla de terrorismo de Estado cuando un Estado, nacional o extranjero, facilita por acción u omisión el accionar terrorista”, indicó Vigo Leguizamón.

Y precisó: “Tanto en el asesinato del Capitán Viola como del Coronel Larrabure, las víctimas no estaban en combate en el momento en que ocurren los hechos, de modo que son equiparables a civiles, tal cual establece la jurisprudencia internacional. La diferencia radica que en el caso del Capitán Viola hubo dos niñas que resultaron afectadas. Quiere decir que es mayor incluso la aplicación de esta legislación”.

Para el abogado “que tanto el atentado contra Viola como contra Larrabure hayan ocurrido en democracia es muy significativo ya que demuele el falso relato ‘de la memoria’, que sostiene que los terroristas combatían por la democracia. ¿Cuál era la dictadura mientras gobernaban Perón o Isabelita? No había ninguna dictadura. Luchaban para imponer un régimen marxista, como ellos mismos lo escribieron en sus partes de guerra”.

Javier Vigo Leguizamón, en definitiva, un hombre acostumbrado al clima de impunidad que rodea estos temas, esta vez se muestra entre cauteloso y levemente optimista respecto de lo que, en adelante, vaya a acontecer. Dijo a DAVIDREY.com.ar:

“El Estado argentino sostendrá lo de siempre, que no hubo una guerra. Más allá de lo que pueda contestar, yo tengo mis esperanzas puestas en lo que diga la CIDH porque ya ha fijado criterio y porque ya hay fallos en este sentido. Ahora hay un tribunal internacional que los está mirando. Confío que la CIDH va a ser coherente. Hay un conjunto de Estados internacionales que están pendiente de esto, justamente, en un momento en que el mundo está conmovido por los crímenes de guerra”.

Escuchar entrevista:

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