En violación de claras disposiciones legales, las medidas más insólitas suelen esgrimirse con tal de encarcelar a los enemigos ideológicos.
Por David Rey
Si algo le faltaba a la gestión kirchnerista para despejar dudas al respecto de constituirse como un régimen antidemocrático y represivo es el hecho de contar con presos políticos – alrededor ya de 1800. ¿Quién habría, empero, de sospechar semejante barbaridad por parte de un gobierno que se ha embanderado con la causa de los DD.HH. y que no deja pasar ocasión para denunciar la represión de los años 70?
En realidad, el kirchnerismo no ha disimulado para nada su cercanía a regímenes antidemocráticos tales como la dictadura militar cubana de los Castro, la tiranía venezolana del fallecido Chávez y, por citar otro más, la homicida gestión nada menos que del también extinto líder libio Muamar Kadafi. Por otra parte, mientras que referentes oficialistas ningún empacho tienen al momento de reivindicar el terrorismo guerrillero de los 70, la diputada Diana Conti – muy suelta de cuerpo – ha dicho que “yo no tengo ningún problema en asumirme stalinista”. Está claro, pues, que el kirchnerismo verdaderamente ha enarbolado la bandera de los DD.HH…. aunque para esconderse detrás de ella.
De manera que no debe sorprendernos que hoy se instituya en Argentina la figura del “preso político”, común pues a todos los regímenes “amigos” anteriormente expuestos. La doctora María Laura Olea, consultada por DAVIDREY.com.ar, ha dicho que <<presos políticos son aquellos a los que se somete a juicio vulnerando los principios fundamentales del Derecho>>, es decir, son aquellos que van presos más por decisión del gobierno (los políticos) que de la Justicia.
<<El poder del Estado es inmenso, él puede determinar qué conductas son pasibles de ser sancionadas y qué pena corresponde aplicar, como ser la privación de la libertad>>, diría Olea, quien además de defender a su padre también asiste a varias personas imputadas en estos procesos. <<Para que el Estado no se convierta en un enemigo de la sociedad y del individuo, es que su poder debe ser limitado, controlado, para evitar el abuso del poder. Las garantías constitucionales son esos límites>>.
<<Se ha creado una especie de ‘derecho paralelo’ que se aplica sólo a estas causas (relacionadas con los años 70). En una simple y limitada enumeración podríamos señalar que no se respetan los principios de legalidad, de irretroactividad de la ley penal más gravosa, de cosa juzgada, de inocencia, de imparcialidad del juzgador, el derecho a la excarcelación, el derecho a la salud de los detenidos>>, resume la doctora Olea, y se da lugar para un pronóstico: <<Cuando se acepta el avasallamiento del Estado respecto de unos, todos nos encontramos en gravísimo peligro>>. En rigor, si alguna vez nosotros estamos en la mira del poder político, ya no vamos a tener quién nos defienda.
Cambian fecha de desaparición para apresar a un inocente
Tal es el clima de hostilidad hacia las personas involucradas (“sólo por haber estado”) en los trágicos días de la época del 70 que ha sido pertinente la creación de la Asociación Hijos y Nietos de Presos Políticos, que dirige Aníbal Guevara. <<Vivo en Buenos Aires en un caserón con dos amigos, tengo 30 años y soy percusionista>>, diría a DAVIDREY.com.ar, <<pero soy un lector obsesivo de la historia de los 60 y 70, además de lo que tuve que aprender de Derecho Penal en estos años>>.
En efecto, Aníbal es hijo del Teniente Coronel (R) Aníbal Guevara, de 62 años, quien se encuentra en prisión por supuestos hechos que se le imputan cuando contaba con 23 años de edad y cuando apenas era un teniente con sólo tres meses de antigüedad. <<Mi viejo está preso por el primer juicio de Mendoza. Fue juzgado por el Tribunal Oral Federal 2 de dicha ciudad, presidido por el Dr. Roberto Burad, entre julio y diciembre de 2010. Este juicio es por las desapariciones de Osorio, Sandoval, Tripiana Fuenes y Beron>>, cuenta Aníbal (h).
A poco de resolverse el juicio, de forma satisfactoria al Tnte. Coronel Guevara, por “privación ilegítima de la libertad” (no había mayores pruebas en su contra), resulta que el fiscal Dante Vega solicita que se amplíe la acusación y también se lo juzgue por “aplicación de torturas, homicidio y desaparición”, sin que lo mismo sea refrendado con nuevas pruebas. Inmediatamente queda detenido bajo el pretexto de que el cambio de carátula implicaría un agravamiento de penas y peligro de fuga, a pesar que desde el año 85 Guevara se presentó siempre que lo dispuso la Justicia – incluso a riesgo de resultar apresado.
Aníbal Guevara (h) confiaría a este medio que <<los mismos familiares de los desaparecidos se acercaron a nuestra familia para pedirnos perdón “con lágrimas en los ojos” porque según ellos, mi padre, no merecía estar entre los acusados ya que estos eran perejiles igual que nosotros>>. Lo más indignante de toda esta pantomima legal es que para poder acusar al Tnte. Coronel Guevara hubo que “cambiar la fecha de las desapariciones que se le imputan”.
En rigor, Francisco Tripiana Funes figura como desaparecido la madrugada del 23 de marzo del 76 (en democracia aún), fecha en que <<mi viejo aparece como comisionado en San Rafael el 23 a la tarde>>. En 2006 “se cambia” la fecha de la desaparición a la madrugada del 24. Quien lo acusa dice reconocerlo por haber visto a Guevara por televisión, en un desfile militar. Un insulto a la inteligencia, en fin. Por cierto que aquellos argumentos que ocasionalmente desvinculaban a Guevara con los delitos imputados no sólo que fueron rechazados por el tribunal sino también increíblemente <<se usaron estos testimonios como prueba de la culpabilidad de papá>>.
Los jueces les dicen a los testigos qué tienen que decir
Alejandro Palomo tiene más “pinta” de ser estudiante de filosofía que hijo de gendarme. Lleva una barba antojadiza y usa generalmente la camisa fuera del pantalón, y con orgullo exhibe en Facebook la foto de su pequeña hija, a quien seguramente ya le explicará de mil maneras por qué su abuelo, el Comandante General (R) de Gendarmería Benito Palomo, está preso en Tucumán, en el penal de Villa Urquiza. Alejandro se recibió en la UBA como Licenciado en Historia y actualmente es profesor de dicha cátedra.
Diría a DAVIDREY.com.ar: <<Te cuento que el juicio, las audiencias… son toda una experiencia bizarra. Los querellantes, los fiscales e incluso los jueces “les hacen recordar” a los testigos algunos detalles cuando van lentos. Por eso, hablar de los motivos por los cuales mi padre está en prisión, como los demás presos en el caso de la Mega Causa de Tucumán, es bien complicado>>. Resumidamente, toda la acusación contra el Comandante Palomo se basa en la acusación de un gendarme de apellido Cruz, ya fallecido, quien tuvo un problema personal con el acusado ya que este último lo habría sancionado (todo lo cual se desprende de una declaración de 1984).
<<Los crímenes en un primer momento atribuidos a mi padre, en una segunda carátula se “los cargaron” a otros acusados>>, resumiría Alejandro para dejar en evidencia la ligereza con que se toman cuestiones de suyo delicadas y que exigen un tratamiento tan preciso como certero. <<Los fiscales no investigan nada, hacen un armado de todo y los jueces les dan el ok>>, concluye. Benito Palomo sigue preso por haber sido “partícipe necesario” del “circuito represivo” que funcionaba en Tucumán, cuando tenía 33 años y sólo era primer alférez de la fuerza.
Alejandro Palomo no pide directamente la libertad para su padre sino que <<los juicios sigan los principios legales y que se respeten los derechos de nuestros padres, que se les brinde atención médica y no se los discrimine como viene ocurriendo. Nuestros viejos son presos políticos porque se los juzga con reglas distintas (no se les respeta el principio de inocencia, se es culpable desde el inicio de las causas), se les niegan arrestos domiciliarios, las prisiones preventivas exceden los dos años. Se los condena por haber sido militares, policías, gendarmes, prefectos, abogados, jueces o simplemente por haber tenido un trabajo en el Estado y no por hechos que les hayan probado>>.
Violación de Derechos Humanos en democracia
Le pregunté a la doctora Olea si está bien que se juzgue a los militares con leyes creadas posteriormente al Proceso Militar, y me dijo que <<no, no está bien. Una de esas garantías constitucionales, de esos límites al poder estatal, es el denominado principio de legalidad que establece que ningún habitante puede ser sometido a juicio y penado en virtud de leyes sancionadas con posterioridad a la comisión del hecho>>.
En rigor, para condenar tanto a las fuerzas como a los civiles de entonces, la actual gestión kirchnerista adhirió a tratados internacionales en materia de imprescriptibilidad ni tenidos en cuenta cuando el Juicio a las Juntas durante el alfonsinismo. No obstante, estas jerigonzas legales en realidad no buscan más que disfrazar el espíritu de rencor y venganza que pretende destruir a los enemigos de entonces, es decir, los miembros de las FF.AA., hoy encarcelados ilegalmente en condiciones deplorables y claramente violatorias de sus derechos humanos. Por otra parte, para implantar definitivamente el socialismo en Argentina (como en Venezuela y Bolivia) es más que imperioso desmoralizar al único organismo capaz de neutralizar un rebrote totalitario-marxista.
<<Resulta absolutamente contradictorio acusar de violaciones a los DD.HH. y violarlos a la vez>>, resume la Dra. Olea, a la vez que explica que a los ancianos y a los enfermos presos <<se les deniega el acceso a la prisión domiciliaria en violación a claras disposiciones legales, lo que importa poner en grave riesgo la salud y la vida misma de los detenidos. Ya han fallecido aproximadamente 220 imputados>>.
Así las cosas, el kirchnerismo se da el gusto de tener sus propias “cárceles del pueblo”, al igual que los homicidas del ERP en los 70 y donde tuvieran secuestrado, entre tantos, al Coronel Argentino del Valle Larrabure – a quien luego asesinaran. No debe sorprendernos, pues, esta modalidad de “encerrar porque sí” a quienes consideren sus enemigos ideológicos, más allá de las barbaridades que puedan imputarles. Si bien hoy son alrededor de 1800 los militares presos, en voz baja se dice que el plan sistemático original de detención de disidentes es de 10 mil personas.
No debe sorprendernos, pero sí debemos estar alertas. Pues todos los enroques que el gobierno hace para agigantar la figura del Estado (control de los poderes, control de los medios, estatizaciones intempestivas) no son justamente en virtud de auxiliar a los necesitados sino más bien en función de llevar a cabo propósitos totalitarios que vulneren nuestras garantías individuales. La sistemática violación a los DD.HH., que tiene lugar en nuestra democracia, debe hermanarnos en un solo grito conjunto puesto que es la única manera de evitar la llegada del triste día… que tengamos que gritar por separado.
