Escribe: Mary Anastasia O’Grady (*) (**)
La comunidad internacional está indignada ante el intento de la semana pasada de la Corte Suprema de Venezuela de asumir la Asamblea Nacional, como si eso significara el fin de la democracia en esta nación en problemas. Seamos realistas: esto viene pasando hace tiempo. El inicio del autoritarismo en Venezuela data por lo menos de abril de 2002, cuando el ejército intentó, pero no pudo, destituir al entonces presidente Hugo Chávez por sus violaciones a la Constitución.
En aquellos días de la gloriosa “revolución bolivariana”, los defensores de Chávez se negaron a reconocer como un problema su ataque directo al estado de derecho y a las libertades civiles. Ahora se está haciendo evidente.
No es la primera vez que la realidad llega a la élite global. Por alguna razón, los llamados defensores de los derechos humanos siempre se levantan en oposición a la tiranía de izquierda solo después de que ésta se haya atrincherado. ¿Y antes de que esto haya ocurrido? Silencio…
Considere un país en el que se ha detenido, encarcelado y negado la atención médica adecuada a casi 2.200 ciudadanos desde 2005. Solo alrededor de un tercio de los prisioneros han sido enjuiciados. Los que han llegado a un tribunal han recibido en su mayoría juicios circenses. Los demás languidecen en las cárceles. Casi 400 han muerto tras las rejas.
¿Birmania, Corea del Norte, Cuba? No, es la Argentina “democrática”. Los prisioneros son exmiembros del ejército. Su problema: derrotaron a los guerrilleros de izquierda de los años setenta y principios de los ochenta.
Los guerrilleros nunca superaron su pérdida y ahora se vengan a través de los tribunales argentinos, que niegan a los exsoldados sus libertades civiles. Las víctimas del terrorismo guerrillero también han perdido sus derechos. El Estado nunca ha compensado a sus familias, ni siquiera ha reconocido su sufrimiento.
La “guerra sucia” comenzó en Argentina a principios de los años 70, cuando los jóvenes de inspiración castrista llevaron el terror al país, bombardearon, robaron, secuestraron y asesinaron a políticos, empresarios, diplomáticos, policías y otros. El caos fue tan abrumador que en 1975 Isabel Perón ordenó a los militares “aniquilar” a los subversivos. En 1976, con el gobierno civil desesperado, los militares asumieron el control. Permanecieron en el poder hasta 1983. Nadie duda de que, junto con la guerrilla, cometieron violaciones de los derechos humanos.
En 1989, en un intento por conciliar la nación, el presidente Carlos Menem decretó una amnistía para ambas partes. Pero cuando el presidente Néstor Kirchner asumió el poder en 2003, él y su esposa, Cristina (quien fuera presidente de 2007 a 2015) decidieron hacerse famosos como defensores de los derechos humanos encarcelando a las Fuerzas Armadas. La propaganda de la izquierda ya estaba arraigada en la sociedad, como lo demuestra la creencia generalizada de que la dictadura “desapareció” a 30.000 personas, una afirmación nunca fundamentada.
Con la ayuda de los muchos militantes que todavía soñaban con hacer de la Argentina otra Cuba, los Kirchner comenzaron a arrestar a exsoldados. Se negaron a detener a los exguerrilleros, aunque muchos admitieron abiertamente que habían sido parte de los ataques terroristas. Muchos se convirtieron en funcionarios del gobierno de Kirchner.
Es evidente que no todos los que llevaban uniforme eran cómplices de crímenes cometidos por los militares. La mayoría no. Pero los Kirchner querían titulares. Llenaron los tribunales con jueces de izquierda -algunos de los cuales fueron exguerrilleros- que permitieron el falso testimonio de la fiscalía, y la presencia de multitud de personas en la sala de audiencias para hostigar a los testigos. Muchos acusados fueron juzgados en grupos, lo que es contrario a la ley argentina. Los jueces hicieron poco para esconder su sesgo ideológico, a veces abrazaron con júbilo a los fanáticos de la fiscalía después de emitir un veredicto de culpabilidad.
Frecuentemente, la falta de pruebas que vincularan a un acusado a un delito no era un obstáculo para una condena. Podría ser declarado culpable sobre la base de que, dado su rango y su puesto, debería haber sabido sobre las violaciones de los derechos humanos. Es difícil pensar en una república moderna en cualquier parte del mundo que representase tal manipulación de la justicia.
Según la organización no gubernamental La Fuerza de los Dignos, formada por los hijos de militares encarcelados, 717 exmiembros de las Fuerzas Armadas han sido condenados y la mayoría han sido condenados a cadena perpetua. Casi 1.100 aún están en proceso de ser investigados y juzgados. La mayoría de ellos tienen más de 70 años, lo que significa que tienen derecho a arresto domiciliario bajo la ley argentina. Pero eso también es políticamente incorrecto en una nación aturdida por el sesgo izquierdista. Por lo tanto, pasan años en la cárcel y se les niega el debido proceso. Mientras tanto, los exterroristas están en libertad.
Los argentinos quieren salir de esta dolorosa historia. Prefieren no enfrentarla. En Mauricio Macri han elegido a un reformista como presidente. Pero se enfrenta a la obstrucción violenta de los intransigentes de la era Kirchner.
Si la nación desea evitar el destino de Venezuela, necesita restaurar el estado de derecho. Eso significa otorgar justicia a las numerosas víctimas del poder judicial corrupto que sirvió a los fines políticos de los Kirchner.
(*) Artículo sustraído de The Wall Street Journal
(**) Artículo traducido por Sonia Caballero (Perodismo> para periodistas).
Original article in English:
The international community is up in arms about last week’s attempt by the Venezuelan Supreme Court to take over the National Assembly, as if doing so would mark the end of democracy in the troubled nation. Let’s face it: That ship sailed long ago. The onset of authoritarianism in Venezuela dates to at least April 2002, when the military tried and failed to remove then-President Hugo Chávez for his violations of the constitution.
In those days of the glorious “Bolivarian revolution,” Chávez’s defenders refused to recognize his frontal attack on the rule of law and civil liberties as a problem. Now it’s beginning to dawn. Thanks a lot.
It’s not the first time reality got by the global elite. For some reason, so-called human-rights defenders always rise in opposition to left-wing tyranny only after it has become entrenched. While there is still a chance to make a difference? Crickets.
Take a country that has rounded up, imprisoned and denied adequate medical care to almost 2,200 citizens since 2005. Only about one-third of those prisoners have been given their day in court. Those who have made it to a tribunal have mostly received show trials. The rest are languishing in jails. Almost 400 have died behind bars.
Burma, North Korea, Cuba? No, this is “democratic” Argentina. The prisoners are former members of the military. Their problem: They defeated the left-wing guerrillas of the 1970s and early 1980s.
The guerrillas never got over their loss and are now getting revenge via Argentina’s courts, which deny the former soldiers their civil liberties. The victims of the guerrilla terrorism have lost their rights as well. The state has never compensated their families, or even recognized their suffering.
The “Dirty War” began in Argentina in the early 1970s, when Castro-inspired youth brought terror to the country, bombing, robbing, kidnapping and murdering politicians, businessmen, diplomats, police and others. The chaos was so overwhelming that in 1975 Isabel Perón ordered the military to “annihilate” the subversives. In 1976, with the civilian government at wit’s end, the military took over. It remained in power until 1983. No one doubts that it, along with the guerrillas, committed human-rights violations.
In 1989, in an attempt to reconcile the nation, President Carlos Menem decreed an amnesty for both sides. But when President Néstor Kirchner took office in 2003, he and his wife, Cristina (who was president from 2007 to 2015) decided they would make a name for themselves as human-rights advocates by jailing the armed forces. The propaganda from the left was already hip-deep, as evidenced by the widespread belief that the dictatorship “disappeared” 30,000 individuals, a claim never substantiated.
With the help of the many militants still dreaming of making Argentina another Cuba, the Kirchners began arresting former soldiers. They refused to arrest former guerrillas, though many openly admitted that they had been part of the terrorist rampage. Many became Kirchner government officials.
Clearly not everyone who wore a uniform was complicit in crimes committed by the military. Most were not. But the Kirchners wanted headlines. They packed the courts with left-wing judges—some of whom were former guerrillas—who allowed false testimony for the prosecution and mobs in the courtroom to harass witnesses. Many defendants were tried in groups, which is against Argentine law. Judges did little to hide their biases, sometimes hugging fans of the prosecution in jubilation after issuing a guilty verdict.
Frequently a lack of evidence tying a defendant to a crime was no obstacle to a conviction. He could be pronounced guilty on the ground that, given his rank and posting, he shouldhave known about human-rights violations. It’s hard to think of a modern republic anywhere in the world that would stand for such a manipulation of justice.
According to the nongovernmental organization La Fuerza de los Dignos—made up of sons and daughters of imprisoned military—717 former members of the armed forces have been convicted, and most have received life sentences. Almost 1,100 are still in the process of being investigated and tried. Most of them are over 70, which means they are entitled to house arrest under Argentine law. But that, too, is politically incorrect in a nation dizzied by leftist spin. So they sit in jail—for years, denied due process. Meanwhile former terrorists roam free.
Argentines want to move on from this painful history. They would rather not confront it. In Mauricio Macri, they have elected a reformer as president. But he faces violent obstruction from Kirchner-era diehards.
If the nation is to avoid Venezuela’s fate, it needs to restore the rule of law. That means granting justice to the many victims of the rotten judiciary that served the Kirchners’ political ends.
