Escribe: Flavio Esteban Sfulcini
Quienes dicen defender los Derechos Humanos deberían hacerlo respecto de todos los seres humanos, no sólo de quienes les interesa. Es fácil luchar por los derechos de nuestros seres queridos, lo difícil es proteger los de aquellos a quienes no queremos. Sólo llegado ese momento, realmente podemos llamarnos «defensores de los Derechos Humanos».
¿Por qué es importante distinguir esto?
Porque los organismos de Derechos Humanos, muchas veces, son grupos de presión que actúan más allá de su incumbencia, por lo tanto si han de afectar nuestra sociedad es importante mostrar lo que realmente son y qué intereses son los que defienden.
En conocimiento de que la edad promedio de los presos por supuestos delitos de lesa humanidad supera los 70 años (1), que el derecho a la prisión domiciliaria para mayores de 70 años o personas enfermas está previsto en el Código Penal, sin importar los delitos cometidos por la persona, y si tenemos en cuenta que el art. 1 de la Ley 24.660 establece que con la pena privativa de la libertad se busca la “adecuada reinserción social”, lo cual a 40 años de los hechos que se imputan no tiene el más mínimo sentido, nos preguntamos por qué algunos grupos de “derechos humanos” se manifiesten en contra del otorgamiento de la prisión domiciliaria, y la respuesta es que estas facciones no persiguen la defensa de los derechos humanos sino la búsqueda de venganza, cuyo objetivo es el mayor castigo posible, sin importar la ley ni los derechos humanos.
Un ejemplo de esto último, queda de manifiesto cuando la Justicia otorga una prisión domiciliaria o absuelve a un imputado, lo que origina que estos grupos recurran a la justicia por «mano propia» a través de escraches en el domicilio de la persona en cuestión, donde arrojan basura, pintan y pegan carteles con su rostro, nombre e indicación del lugar donde vive.
