Escriben: Martín Rodríguez (*) y Juan Carlos Jones Tamayo (**)
Recientemente Colombia llevó a cabo un referéndum para que la sociedad Colombiana diese su opinión sobre el “pacto» que ese Gobierno firmaría con la Guerrilla de las llamadas “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC).
Las encuestas Nacionales e Internacionales daban como claro triunfador a la postura por el “SI”; sorpresivamente ganó el “NO” con un escaso 50.21%. ¡Perdió el “SI”! Cabe destacar que la obtención en este acto fue del 62%, una de las más altas en la historia Colombiana.
Este «pacto» era firmado por el presidente colombiano Juan Manuel Santos y, equiparándolo mediáticamente en jerarquía, el cabecilla del grupo guerrillero, Rodrigo Londoño (Nombre de Guerra – NG – Timoleón Jiménez o Timochenko – Adiestrado en la ex URSS).
Creemos que esta firma va en contra de la Constitución Colombiana ya que un Presidente Constitucional realiza oficialmente un “Pacto” con una facción terrorista.
El objetivo ilusorio de este «preacuerdo» era lograr que las FARC dejen las armas y se conviertan en Partido Político.
Consideremos que este objetivo tendría que haber sido «lograr que las FARC abandonen las armas y que la Paz definitiva se instale en el País».
No puede un Estado «pactar» con el terrorismo, y si así lo hiciera, no puede entregarle a este todo los términos que le imponen al Gobierno.
Al respecto, el ex Presidente Álvaro Uribe, al referirse al triunfo del «NO» opinó que «las concesiones en termino de Justicia para las FARC eran demasiadas porque no había cárcel para los Guerrilleros. La Participación Política de los Guerrilleros era excesiva». Como ejemplo, la entrega de 10 (diez) bancas en la Legislatura, sin elección alguna.
Por otra parte, luego del resultado del referéndum, las FARC dijeran «respetar el cese del fuego biliteral y definitivo».
Esta frase encierra la amenaza de considerar que el cese del fuego está condicionado a que el Estado no pueda ejercer el monopolio de la fuerza, como lo dicta la Carta Magna.
Por otro lado, la Unión Europea, en un gesto de sobreactuación apresurada, dispuso la «salida temporal de las FARC de la lista de organizaciones Terroristas».
Decisión que se tomó sin tener en cuenta que esa organización guerrillera continúa cometiendo, en mayor o menor escala, actos de terrorismo.
Estamos convencidos que este fallido «pacto» es, tal como está redactado hasta ahora, un intento de las FARC para lograr continuar la guerra mediante la política; ya tienen el ejemplo de Argentina donde hoy son Prisioneros de Guerra aquellos que, siguiendo las órdenes del Poder Político constitucional, derrotaron con las armas a la guerrilla.
Dijo Lenin: «La Política es la continuación de la Guerra con otros medios».
En la población colombiana que voto por el «NO» anidó la certera idea que los jefes Guerrilleros de las FARC, una vez reinsertados en el sistema político, conseguirían llegar al poder a través del proceso electoral y convertir ese país en una «dictadura democrática».
Cabe recordar que las FARC nacieron oficialmente en 1964, su embrión fue la guerrilla comunista que creo en 1960 Manuel Marulanda Vélez (NG: «Tirofijo») en la selva de Marquetalia. Desde entonces fue creciendo en cantidad y métodos terroristas. Se financiaban con robos, secuestros y extorsiones. Luego comenzó a dar «seguridad» a los «carteles» del narcotráfico. Cabe recordar el secuestro del Cónsul Holandés en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) en 1975 y de los legisladores, en la misma ciudad en 1997.
En su afán de lograr un acuerdo con las FARC, el entonces presidente Andrés Pastrana, en 2000 les concedió una extensa área, con las dimensiones de Suiza – el doble de la provincia de Tucumán – para iniciar los «diálogos por la Paz»; la zona estaba en el departamento Selvático de Meta. Esta área se denominó «zona desmilitarizada», donde las FARC eran gobierno. Textualmente, allí el Estado colombiano no podía ejercer su autoridad y tampoco atacar a la guerrilla.
Semejante concesión gratuita hizo que la guerrilla tuviese un real «santuario» donde podía adoctrinar y adiestrar a sus integrantes, logrando incluso poder realizar ejercitaciones militares a un nivel inferior a los de la simple «escuadra o guerrilla», efectuando adoctrinamiento con «frentes» (equiparable a un regimiento o batallón).
En la época de Pastrana, las FARC llegaron a su apogeo militar. Aproximadamente 18.000 combatientes distribuidos en 66 «frentes» y más de 10 «columnas móviles» que operaron en todo los departamentos del país, a excepción de las ciudades de San Andrés y Providencia.
También en esos años se expropiaron del negocio de las drogas. Dejarían de ser «seguridad» para convertirse en «empresarios del Narcotráfico» (siembra, cosecha, elaboración, traslado, distribución y venta).
Es así como, desconociendo la estrategia de la guerrilla revolucionaria, el ex Presidente Pastrana les entregó tiempo y espacio para que las FARC dupliquen sus filas y sus áreas.
Pero, en el año 2002, las FARC secuestran a la candidata presidencial Íngrid Betancourt, quien había ingresado a la «zona militarizada» sin escolta.
La prensa internacional «puso el grito en el cielo» y Pastrana dejó sin efecto la secesión de ese terreno a la guerrilla.
Dos años después, Betancourt es rescatada junto a otros 12 militares prisioneros de las FARC.
Álvaro Uribe asume la presidencia en medio de atentados de las FARC en Bogotá en el año 2004 e inicia una fuerte ofensiva contra la guerrilla bajando la reducción de sus efectivos de 18.000 a 8.000, la mayoría por deserción o entrega voluntaria. Se logra abatir a tres de los integrantes del «Secretariado» (máximo órgano de dirección de las FARC). A NG Raúl Reyes en 2008, su «casiller»; a NG Alfonso Cano en 2011, el «ideólogo» y a NG Mono Jojoy, su jefe militar. En 2010 había muerto ya su jefe máximo «Tirofijo» de muerte natural.
En el año 2010 asume Santos y modifica la estrategia de Uribe, pese a que había sido su Ministro de Defensa. El nuevo Presidente comenzó a realizar «diálogos de acercamientos» con las FARC en Cuba.
Así llegaron a plasmar este «pacto» que se convertiría en una nueva «zona desmilitarizada» que el Gobierno entregara a la guerrilla para su fortalecimiento político, sin garantías de que elementos de las FARC disidentes continuasen con sus actividades narcoterroristas.
Creemos que la mayoría de la sociedad colombiana, la que votó por el «NO», tiene plena conciencia que un Estado, por lograr la paz, no puede desaparecer como tal.
Es loable destacar que en nuestro país la guerrilla terrorista, en Gobiernos constitucionales y «de facto», trató de imponer una «zona liberada» en la Provincia de Tucumán y llevó la guerra revolucionaria a todos los rincones de nuestro país, y fueron derrotadas por las armas de la Nación.
Pero… regresaron políticamente y continúan aún en sus políticas anti argentinas.
Nosotros continuamos siendo Prisioneros de Guerra y Presos Políticos, ahora de este Gobierno.
“SOLDADO, NUNCA TE ARREPIENTAS NI PIDAS PERDÓN POR DEFENDER A LA PATRIA”.
(*) Martín Rodríguez
TCnl (R) – Prisionero de Guerra
Licenciado – Preso Político
(**) Juan Carlos Jones Tamayo
Cnl (R) – Prisionero de Guerra
Licenciado – Preso Político