Escribe: David Rey
Todos tenemos alguna persona que es idéntica a uno en algún lugar del planeta, incluso más de una vez nos han confundido con alguien en la calle, o nosotros mismos lo hemos hecho. No hay nada de especial en esto. Lo que sí resulta extraordinario es que tus propios padres te internen en un psiquiátrico por inquirir respecto de ese parecido y que las personas encargadas de dar una respuesta a tus dudas de identidad sean las que te den vuelta la espalda. Es el caso de Natalia Ramírez que, tras más de diez años de buscar una respuesta, se decidió finalmente por ir a la justicia.
La denuncia que presentó ante el juez Marcelo Bailaque es “a fin de denunciar la obstaculización de la búsqueda de la verdad (…) por parte de los organismos de derechos humanos y de la propia unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario” respecto de su identidad biológica, al revés de lo que se estila comúnmente. La mujer sostiene que podría ser hija de Rodolfo Mancini y de Lina Funes, el primero muerto en el año 1975 y la segunda presuntamente desaparecida en 1976. Rodolfo, oriundo de la pequeña localidad de Hughes, fue un trabajador del cordón industrial de Villa Constitución (donde tuvo lugar “el Villazo”), y acabó calcinado dentro de un vehículo en Avellaneda (se estima que por disputas dentro del mismo partido peronista); Lina, por su parte, tenía un bar en la ciudad de San Lorenzo que era “muy frecuentado por la militancia”, y donde ambos se habrían enamorado.
Cuando Natalia decidió indagar a sus padres respecto de su origen era ya madre de dos hijos y ya se había dado cuenta de que no tenía ninguna fotografía de su madre embarazada o de sus propios primeros meses de vida. Lejos de recibir una respuesta que subsanara sus dudas, su propia familia terminó por internarla, en el año 2011, en el Instituto Phillipe Pinel de la ciudad de Rosario, ya que el médico encargado por “los derechos humanos” de contener a personas como Natalia escuchó más a sus padres que a ella misma. Es que la mujer no viene de una familia que podría llamarse convencional (ni la que la crio ni la que ella pretende como biológica).
El inicio de la duda
“Mi padre es Carlos Alberto Ramírez, alias Pilín”, detalla Natalia en su denuncia, “quien fuera concejal, presidente del Concejo Municipal de Rosario, diputado provincial por la UCR (Unión Cívica Radical) e intendente interino de Rosario, desde el 22 de mayo de 1989 al 10 de diciembre de 1989”. La mujer recordó que su padre siempre contaba que la había salvado de la explosión de una bomba, al tiempo que, según relatos que pudo recoger, en la casa donde vivían sus padres biológicos se habría producido una detonación que la habría “desintegrado”, encontrándose sólo sus “ropitas”. Por otra parte, es dable destacar que entre los presuntos papás naturales de Natalia y su familia real existió un nexo en común, Oscar “Chancho” Villegas, una persona “acusada de colaborar con la dictadura militar”, según palabras de la misma denunciante, y que terminaría por ser, justamente, vecino de la familia en barrio Fisherton por la época en que ella era una beba. Esta persona estaría relacionada con la transferencia de la bebé de una familia a otra.
Por si faltara algo para acrecentar las dudas de Natalia, descubrió serias imprecisiones respecto del lugar donde habría nacido en Rosario según sus padres, ya que mientras que en un principio le dijeron que nació en el Sanatorio Mapaci en Oroño al 1400, luego le aclararon que, en realidad, había nacido en Sarmiento al 300 (donde ahora está PAMI), y que si bien en su partida de nacimiento figura el doctor Víctor Frigeri, según registros el mismo habría dejado de ejercer como obstetra en 1973 al tiempo que Natalia nació en 1974 (el hijo de este profesional, también médico y de idéntico nombre, por aquella época era médico forense).
Por último, y salteando ya un sinfín de interesantes detalles que abonan la denuncia, dos cosas no menores: la persona que primeramente le dijo a Natalia que podría ser hija de un medio hermano suyo (tras hallarle un parecido con su extinta cuñada) y que es la responsable de todo este lío, no sólo que luego le negó sus dichos, sino que, además de haberse mudado repentinamente de domicilio, envió a su esposa para que advirtiera a la mujer respecto de que “cuidara” a sus hijos. Más significativo aún resulta la visita que recibió de parte de un tal Esteban Ocampo (“Campito”), quien se allegó hasta su domicilio para darle información que podría “ayudarle” pero que terminó exhortándola a que “no investigue más, que «me dedique a hacer cosas de chicas»”. Natalia apuntó en la denuncia que “años después lo reconocería en una foto, junto a Oscar Villegas, como miembro del servicio de inteligencia”.
Los torcidos humanos
En vano Natalia intentó ponerse en contacto con la organización Madres de Plaza de Mayo, ya que jamás recibió respuesta alguna. Contactó a Lea Medina, familiar de desaparecidos -pero distanciada del organismo mencionado ut supra- quien la acercó con la abogada para estos casos Gabriela Durruty, la que curiosamente entonces vivía en pareja con el fiscal federal Gonzalo Stara, abogado nada menos que en causas de lesa humanidad. De este modo, pudo vincularse con la psicóloga Marta Bertolino, víctima en la causa de “Feced”, para que certificara que su relato se ubicaba, efectivamente, “en tiempo y espacio”.
Pero la secuencia se interrumpió llamativamente dado que el padre de Natalia, según la misma doctora Durruty, “se había ido a los tribunales federales a amenazarla”. Hasta el día de hoy le causa extrañeza a la denunciante “que una abogada que en ese momento estaba interviniendo en causas denominadas de lesa humanidad, siendo además su pareja el fiscal Dr. Stara, se sintiera amedrantada por mi papá que ya no era nadie, solo un jubilado. Más raro me pareció que no hiciera denuncia alguna”.
Otra rareza se centra en el médico Oscar Pellegrini, “psiquiatra actual de los organismos de derechos humanos”, según la denuncia. Pues cuando la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe citó a Natalia junto con Pellegrini, resulta que también terminó por aparecer el padre de la mujer, el cual se saludó afectuosamente con el médico, “como si se conocieran”. Natalia explicó mejor que nadie cómo continuó esta historia: “Por expreso pedido de mi papá, el Dr. Pellegrini comenzó a atenderme, quien desde el primer momento me manifestó que debería olvidarme de todo, que era todo un mal entendido, llegándose incluso a internarme en la Clínica Psiquiátrica Philippe Pinel. También en ese marco, lograron sacarme a mis hijos, llegando incluso a ‘secuestrar’ a uno de ellos. Todo lo cual fue armado por ellos y consentido ‘en nombre de los derechos humanos’ que dicen defender”.
Ver la denuncia de Natalia Ramírez (extracto)
Expone.-Denuncia.-Solicita-1El as bajo la manga del doctor Miño
Natalia estuvo internada como si estuviera loca durante casi un mes. Diez años después, continúa tanto con las dudas como con las increíbles evasivas de siempre. Hoy recibe el patrocinio legal del doctor Gonzalo Pablo Miño, un abogado cuyo trabajo casi que de modo exclusivo está justamente abocado a la defensa de militares y policías en las llamadas causas de lesa humanidad. Pero ha habido un significativo enroque: ahora es Miño el que defiende a una mujer que considera haber sido apropiada y que asegura que las mismas organizaciones de derechos humanos -tal como hemos señalado- lejos de ayudarla hacen lo posible por tapar todo bajo la alfombra.
“La Dra. Durruty jamás volvió a comunicarse conmigo”, señaló Natalia en su denuncia, “a pesar de que tomó contacto con Jorge Aragüés”, es decir, el posible tío suyo que le contó que podría ser hija de su hermano. “Jamás hizo nada ni le importó mi situación o la de mis hijos”, afirmó. Por otro lado, Natalia aseguró que tomó contacto con varios testigos y víctimas “de estas causas de lesa humanidad”, y que varios “manifestaron sus dudas y disconformidades” respecto de Durruty y Pellegrini, “muy alejados de la búsqueda de la verdad de lo sucedido en nuestro país en los años 70”. Debe destacarse aquí que Pellegrini arrastra, justamente, una denuncia penal por presunta falsificación de un certificado médico en la causa “Feced”.
Su testimonio resume sorprendentemente lo que el doctor Miño ha sostenido durante años: que las causas de lesa no son más que un negocio. Su cliente lo explica de modo inefable: “Está claro que mi historia desvirtúa el relato de los organismos de derechos humanos en cuanto a que los sucesos del denominado “Villazo” y la denominada causa “San Lorenzo” fueron producto del accionar represivo exclusivo de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad. Por ese motivo están dispuestos a acallarme como sea. Tampoco puede obedecer a una ‘casualidad’ que la abogada Durruty, partícipe de mi encierro, haya sido la abogada querellante en estas 2 causas donde se encuentran las 2 personas que son protagonistas de mi búsqueda y ‘represente’ a sus familiares en sus reclamaciones pecuniarias”.
Mi opinión: La verdad de la milanesa
La denuncia de Natalia Ramírez tiene muchísimos más aspectos por desandar, pero que por una lógica cuestión de espacio del presente artículo se irán resolviendo en posteriores publicaciones. Lo cierto es que queda de manifiesto más que nunca la “corruptela” que sobrevuela los juicios de lesa humanidad donde, como parece ser, los derechos humanos no son efectivamente para todos y por igual. Acaso Natalia, como tantos, no reúne “las condiciones” que le permitan aplicar para ser considerada por abogados, fiscales, jueces y demás mercenarios de una “memoria” que se cotiza en dólares. Es que ella no quiere dinero sino simplemente saber la verdad. Como ella repite en su denuncia, “si no soy yo, es otra la persona la que está esperando justicia”.
Pero la verdad que quiere saber Natalia colisiona de frente con la ingeniería de aquel relato que ubica a las fuerzas de seguridad como únicas responsables del desastre vivido en los años 70, ya que su novela comienza antes del Golpe de marzo del 76 y sus actores no llevan uniformes, además de que desenmascara ya sea tanto la criminal disputa dentro del peronismo como la participación de civiles y políticos en la cacareada apropiación de menores que se le atribuye constantemente a los militares. Puede ser, pues, que tanto relato vociferado durante años, además de encerrar a los vencedores de la guerra contra el terrorismo y disponer a gusto de los fondos públicos para “indemnizaciones” y demás negociados, tenga la finalidad de ocultar o disfrazar la verdad más sorprendente de la historia: que los verdaderos apropiadores fueron ellos.
Demás está decir que esta historia continuará… y que será la misma Natalia Ramírez quien nos cuente un poco más de su historia en DAVIDREY.com.ar
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