La causa que mantiene condenado a prisión perpetua al expolicía bonaerense José Antonio Cácere atraviesa una instancia decisiva tras la presentación de dos escritos como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los que se solicita una revisión integral del expediente por presuntas irregularidades estructurales, probatorias y procesales.
La figura del amicus curiae —expresión latina que significa “amigo del tribunal”— permite que terceros ajenos al proceso, con interés institucional o experiencia técnica en la materia, presenten argumentos jurídicos ante el tribunal con el objetivo de aportar elementos para una mejor decisión. No reemplazan a la defensa ni a las partes, pero sí ponen de relieve que el caso trasciende lo individual y puede tener impacto institucional.
En este expediente, las presentaciones fueron realizadas por Inocente Colectivo (Santa Fe), organización dedicada al análisis de posibles errores judiciales, y por una Asociación de Derechos Humanos y Violencia de Género de la provincia de Córdoba. Ambas entidades coincidieron en señalar que el caso plantea interrogantes sobre el debido proceso, la valoración de la prueba científica y el estándar de certeza requerido para una condena a prisión perpetua.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 mediante un fallo no unánime, con voto en disidencia, un dato de especial relevancia tratándose de una pena de máxima gravedad. Posteriormente, la causa fue revisada por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que confirmó parcialmente la condena contra Cácere, pero absolvió a otros imputados por los mismos hechos, generando cuestionamientos por la aplicación desigual de la prueba dentro de un mismo expediente.
La acusación estuvo a cargo del fiscal Martín Chorazzi, con la intervención de la querella particular representada por la abogada Verónica Bogliano.
Uno de los ejes centrales señalados por los amicus es la valoración de la prueba pericial. La Asesoría Pericial Oficial, que practicó la autopsia con cuerpo presente, concluyó que la muerte investigada fue de causa natural y sin signos de violencia. Sin embargo, la condena se apoyó de manera decisiva en una pericia de parte posterior, elaborada por el Dr. Omar Alejandro Ledesma, realizada sin cuerpo presente, que sostuvo una hipótesis distinta.
Según advierten las presentaciones ante la Corte, la sentencia no habría explicado de forma suficiente por qué se desplazó la prueba científica directa en favor de una pericia indirecta, lo que podría configurar un supuesto de arbitrariedad en la valoración de la prueba, incompatible con el estándar de certeza reforzada exigido para una condena a prisión perpetua.
La defensa de Cácere está a cargo del Dr. Fabián Amendola, quien impulsó los recursos extraordinarios ante el máximo tribunal y sostiene que el expediente presenta inconsistencias que tornan indispensable la intervención de la Corte.
Actualmente, la Corte analiza los recursos y las presentaciones, en un contexto de creciente visibilidad pública del caso. Para la familia, la intervención de terceros mediante la figura del amicus curiae demuestra que el debate ya no es solamente sobre un condenado, sino sobre cómo se valoran las pruebas y cómo se garantiza el debido proceso en causas de extrema gravedad.
…
Colaborar con el periodismo independencia – Alias de Mercado Pago: davidrey11.mp
Ver entrevista a José Antonio Cácere: