El problema, como es usual con todos los gobiernos, tiene su origen en el desequilibrio de las cuentas del estado. El gobierno gasta más de lo que recauda (subsidios a empresas de servicios, planes sociales, holdings de medios afines, deportes para todos, etc.) y financia ese déficit por medio de emisión monetaria. Esa emisión genera inflación y la inflación tiene el efecto de que altera la relación de precios entre los productos argentinos y los extranjeros.
El hecho es fácil de entender: si la cotización del dólar aumenta un 10 % y los precios aumentan un 50 % (son números imaginarios con fines didácticos) es evidente que los productos argentinos, cotizados en pesos, aumentan menos que los productos extranjeros, cotizados en dólares. En 2003, cuando se produjo una gran devaluación y no se había originado la acumulación de inflación de los últimos nueve años, las relaciones comerciales internacionales eran muy favorables para la Argentina. Las exportaciones generaban muchos ingresos y las importaciones provocaban escasos egresos. Pero la estabilización del tipo de cambio y la continuidad del proceso inflacionario erosionaron ese “colchón” y ahora las relaciones de precios son desfavorables para la Argentina. A ese factor estructural hay que agregarle el dato coyuntural de que la cantidad de dólares ingresada en el país se redujo como consecuencia de la sequía que afectó la cosecha de los productos que Argentina exporta.
Si el gobierno no interviniera en el comercio internacional y permitiera que los agentes económicos operen libremente, lo que sucedería es que, como les resulta más barato, tenderían a consumir más productos extranjeros que nacionales, generando, por lo tanto, una salida de dólares del circuito monetario y, consecuentemente, una alteración de la relación “cantidad de dólares-cantidad de pesos”, que provocaría un fuerte incremento del valor del dólar contra el peso. La posibilidad de que eso suceda tendría graves efectos políticos, a los cuales el gobierno procura evitar y por eso restringe las importaciones para limitar la salida de dólares del circuito monetario.
En definitiva, la política de restricción de las importaciones aplicada por el gobierno simplemente apunta a producir efectos de corto plazo destinados a “esconder debajo de la alfombra” los desaciertos estructurales de su gestión, dejando activada una “bomba de tiempo” que puede estallar en cualquier momento, con efectos imprevisibles, como sucediera con muchos modelos económicos artificiales implementados por otros gobiernos que, con diferentes ropajes, siempre privilegiaron el resultado inmediato a costa de la sustentabilidad de mediano plazo. El problema de los gobiernos argentinos es que siempre creen que el mediano plazo no va a llegar. Pero como el transcurso del tiempo es imposible de detener, el mediano plazo siempre llega y con él la evidencia de las inconsistencias de los modelos que no contemplan los factores estructurales de los cuales depende la sustentabilidad de fondo de los sistemas económicos.
